Una coalición de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y sindicatos de más de 18 países de la UE, entre los que se encuentra USO, han lanzado la campaña “Paremos a las multinacionales. Stop ISDS”, para pedir la eliminación del sistema de “solución de controversias entre inversores y estados”. Este mecanismo, que se encuentra en la mayoría de los tratados de comercio y de inversión, como en el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), otorga el derecho a las empresas multinacionales a demandar a los gobiernos si consideran que están obstaculizando sus beneficios económicos.
En lugar de este sistema de resolución de controversias, exigen un tratado internacional vinculante, acompañado de una ley estatal, que permita responsabilizar a las transnacionales de la violación de derechos humanos en cualquier territorio donde tenga actividad.
La campaña europea “Paremos a las multinacionales. Stop ISDS” se articulará en torno a una recogida masiva de firmas para involucrar a millones de personas en toda Europa en torno a dos cuestiones:
- Exigir la eliminación de los tribunales corporativos (ISDS) en todas sus formas, salir de los tratados de comercio e inversión que contengan el ISDS u otro mecanismo parecido, y no firmar nuevos tratados de este calado en el futuro.
- Promover el establecimiento de un tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos, así como establecer leyes europeas y nacionales para poner fin a la impunidad corporativa.
La recogida de firmas se inicia hoy martes 22 de enero, coincidiendo con el primer día del Foro Mundial Económico en Davos y tiene una duración prevista de un año. Asimismo, se ha acordado la realización de dos acciones globales de movilización ciudadana europea común en los meses de abril y octubre de este año.
España es ahora mismo el país de la Unión Europea que más demandas acumula ante tribunales de arbitraje (ISDS), lo que podría traducirse en la pérdida de miles de millones de euros de dinero público para la defensa legal y el pago de indemnizaciones a los inversores: desde fondos de inversión especulativos, a empresas públicas o grandes multinacionales. Si los inversores ganaran todas las demandas, el Estado tendría que pagar más de 8.200 millones de euros de los presupuestos públicos.
