El Registro Civil es un servicio esencial y debe seguir siendo público y gratuito. El reto consiste en modernizar su estructura y funcionamiento, manteniendo la cercanía y gratuidad para el ciudadano, con el personal funcionario que le es genuino; el de la Administración de Justicia.
Las previsiones contenidas en la Ley 20/2011 en cuanto a la configuración del Registro Civil constituyeron un auténtico despropósito, pues el servicio público del Registro Civil corrió un serio riesgo de dejar de serlo en los primeros escarceos (a la postre, frustrados) que el Gobierno mantuvo con los Registradores de la Propiedad. Un servicio que se cuida de los datos esenciales de la persona, que son base para el despliegue jurídico de su capacidad, no puede quedar en otras manos que no sean genuinamente públicas. Su carácter de servicio esencial, exige, por lo demás, el mantenimiento de su gratuidad y su gestión a través del personal público cualificado que constituimos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
SPJ-USO apuesta por la modernización y la aplicación razonable de las nuevas tecnologías al Registro Civil; siempre que se hagan con los medios suficientes, cuya calidad esté seriamente contrastada, y con la formación previa adecuada para los funcionarios encargados de gestionarlas, que exigimos que sean la totalidad de los que actualmente están destinados en estos servicios en todo el País.
SPJ-USO defiende el mantenimiento de las Oficinas presenciales del Registro Civil en todas y cada una de las poblaciones de España, incluidas las servidas por los Juzgados de Paz, y su dotación exclusiva por funcionarios pertenecientes a los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.
Por estos planteamientos pelearemos en todas y cada una de las Mesas de Negociación y foros a los que tenemos acceso, y animamos a hacerlo al resto de compañeros/as y Sindicatos que, como el nuestro, pretenden defender la esencia necesariamente pública, gratuita y profesionalmente cualificada de estas cruciales Oficinas del ámbito de la Administración de Justicia.
