Desde USO denunciamos, un año más, que cada vez es menos seguro trabajar e ir y volver del trabajo a casa. De nuevo tenemos que conmemorar el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el trabajo, lamentado la pérdida de quienes fallecieron o dando nuestro apoyo a quienes enfermaron o sufrieron lesiones a lo largo de 2018. Afrontamos 2019 con el firme objetivo de luchar para que trabajar no nos cueste ni la salud, ni la vida.
La siniestralidad laboral volvió a crecer en 2018. Durante el pasado año se han producido 1.333.002 accidentes, 10.993 más que en 2017. La cara más trágica de estos datos es el aumento de los accidentes mortales: 652 trabajadores y trabajadoras fallecieron el año pasado, 34 más que en 2017.
El principal incremento de los accidentes mortales se produjo en los accidentes in itinere, un 9% respecto a 2017 y se trata de una tendencia repetida en los últimos años y que está muy relacionada con los ritmos de trabajo y los horarios irracionales que impiden la conciliación de la vida familiar y personal y el descanso necesario.
A pesar del aumento de las enfermedades profesionales registradas, un 14.36% más que en 2017, sigue habiendo una gran infradeclaración y, por ejemplo, el reconocimiento de cánceres laborales es meramente simbólico.
Es extremadamente preocupante que el aumento de la siniestralidad no se ciña sólo a los datos absolutos. USO ha denunciado que, desde 2013, se produce un alarmante cambio en la tendencia descendente que mantenía el índice de incidencia desde 2006, produciéndose un incremento en los cinco últimos años. Lo que implica que la subida no está relacionada con un aumento de la población activa, sino que existen otras causas más profundas que urge investigar y atajar.
A lo largo de estos años de crisis se ha debilitado el ya de por sí frágil sistema preventivo, y la mayor parte de las empresas han recortado la inversión en prevención. De las que contaban con servicios propios de prevención, han reducido personal y recursos. Por otra parte, el proceso de concentración que han experimentado los Servicios de Prevención Ajenos (SPA) y la necesidad de rentabilizar en términos económicos, dificulta que se realicen con la eficacia deseable las actuaciones de asesoramiento y apoyo a la empresa en el cumplimiento de sus obligaciones preventivas. Desde USO también denunciamos la precariedad laboral y la sobrecarga de trabajo de los técnicos del SPA, lo que les impide realizar su labor. Si las condiciones laborales de este colectivo fueran adecuadas repercutirían positivamente en la seguridad de todos y todas.
La siniestralidad laboral y la temporalidad se concentran especialmente en las PYMES y micropymes, empresas menos sindicalizadas y muchas de ellas sin ni siquiera representación sindical que pueda velar por el mínimo cumplimiento de la norma.
Al recorte en la inversión en prevención hay que sumar, la precariedad del empleo. Desde hace años USO lleva denunciando que las fórmulas de empleo basadas en la temporalidad suponen un grave problema social, que se traduce en peores condiciones de trabajo, precariedad y más daños derivados del trabajo. La realidad nos demuestra que hay una gran “brecha” en cuanto a los niveles de protección en el trabajo entre las contrataciones temporales y las fijas, provocando que los trabajadores temporales y los cedidos por ETT sufran más accidentes laborales.
El aumento de la siniestralidad y las deficiencias que día a día nos encontramos y denunciamos en las empresas y las administraciones públicas, nos hacen llegar a una conclusión clara: el sistema de prevención de riesgos laborales en nuestro país no está funcionando y no lo está haciendo desde la base, desde el documento inicial que influye en la planificación de la prevención, la evaluación de riesgos.
Desde USO llevamos años denunciando que, debido a los recortes en prevención y a la falta de cultura preventiva, las evaluaciones de riesgos son genéricas o lo que denominamos de “corta y pega”, no recogiendo los riesgos específicos del puesto de trabajo, ni las características concretas del trabajador o trabajadora que va a desempeñar dicha actividad. Además, no se actualizan ante los cambios que se producen en las condiciones laborales, ni por los daños que se producen en la salud.
Esta situación que se fundamenta en hacer prevención “de papel” con la finalidad de evitar sanciones, conlleva un efecto bola de nieve que afecta a toda la acción preventiva. Porque si la evaluación de riesgos no es específica y no está actualizada, es imposible evitar los riesgos, realizar una planificación de la acción preventiva, prevenir adecuadamente posibles accidentes de trabajo, dolencias derivadas del trabajo, enfermedades profesionales, actuar en caso de riesgo durante el embarazo, etc. Es decir, es la clave para una acción preventiva eficaz y para desarrollar nuestro trabajo en un entorno seguro y saludable.
De hecho, 24 años después de la entrada en vigor del Ley de Prevención, en las actuaciones de Inspección de Trabajo en materia de prevención de riesgos laborales, las relacionadas con las evaluaciones de riesgos ocupan el tercer lugar en número de actuaciones y en porcentaje de infracciones, requerimientos y paralizaciones.
Por todo esto, desde USO hemos centrado nuestra campaña del 28 de abril en reivindicar que la evaluación de riesgos es el principio de la prevención y si en esta pieza clave ya se falla, el trabajo en prevención está viciado desde la base y nunca será efectivo.
El 28 de abril, es una oportunidad de llevar el debate sobre la siniestralidad laboral a la opinión pública, oportunidad que ante la convocatoria de elecciones generales ha quedado totalmente sepultada. Desde USO reclamamos a las administraciones públicas, especialmente al nuevo Gobierno que finalmente se constituya, que tenga como prioridad la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras, acabando con la precariedad, legislando sobre los aspectos en los que aún estamos desprotegidos y dando un giro total a la gestión de las mutuas y la incapacidad temporal.
Esta última medida es especialmente relevante puesto que no podemos continuar en esta dinámica de negación y ocultación de los daños derivados del trabajo. Las empresas deben dejar de esconder los problemas debajo de la alfombra en connivencia con las administraciones públicas, puesto que la política de ocultación de los problemas de salud derivados del trabajo lo único que está consiguiendo es agravar el problema.
También exigimos más medios e inversión para reforzar a la Inspección de Trabajo para que puedan llevar a cabo su labor y obligar a las empresas a cumplir la ley, evitar los riesgos laborales y a protegernos a los trabajadores y trabajadoras de esta sangría que tantas vidas se está llevando por delante y tanto sufrimiento y enfermedad está causando.
Desde USO continuamos reivindicando la figura de los Delegados y Delegadas de Prevención, quienes son, en algunas ocasiones, la única figura que vela por el cumplimiento de la ley y se hace imprescindible su labor de denuncia como única alternativa para obligar a las empresas y a las administraciones públicas a actuar en relación a los riesgos laborales.
¡NI UNA MUERTE MÁS EN EL TRABAJO! ¡SIN EVALUACIÓN NO HAY PREVENCIÓN!
