Un total de ochenta y ocho organizaciones de la sociedad civil y sindicatos, entre ellas USO, han firmado una declaración conjunta, exigiendo a la Unión Europea que introduzca en esta legislatura una nueva normativa sobre responsabilidad corporativa para que las empresas tengan la obligación de respetar los derechos humanos y el medioambiente en sus operaciones.
La declaración supone un hito en la colaboración entre organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la empresa y los derechos humanos en Europa. Este llamamiento se ha hecho pocos días antes de que se debata en Ginebra, en el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el borrador de un texto normativo sobre empresas trasnacionales y derechos humanos que tendría mecanismos de sanción ante conductas empresariales irregulares.
Décadas de “responsabilidad social corporativa” de carácter voluntario no han servido para proteger los derechos humanos de forma adecuada. Problemas graves como el trabajo infantil, la deforestación, el trabajo forzoso y la vulneración de derechos de los trabajadores siguen siendo sistémicos en muchos sectores. Y el pasado año, un total 321 activistas medioambientales y
de derechos humanos fueron asesinados en todo el mundo, el mayor número registrado nunca.
La legislación actual y las políticas de la UE son insuficientes, por lo que las organizaciones firmantes piden un marco obligatorio de debida diligencia en medioambiente y derechos humanos para empresas e instituciones financieras que operen o que ofrezcan un servicio en la UE. La legislación debería establecer la obligación de respetar los derechos humanos y el medioambiente y exigir a las empresas que identifiquen, prevengan, mitiguen y se hagan responsables de los abusos y consecuencias negativas de sus actividades y las de sus subsidiarias, incluyendo su cadena de suministro.
La nueva normativa debería hacer a las empresas legalmente responsables y facilitar el acceso de las víctimas a la Justicia. Una legislación obligatoria de este alcance ya se aplica en Francia y está en tramitación en otros países.
Durante los exámenes de idoneidad a los candidatos a futuros comisarios de la Comisión Europea en los días pasados, algunos miembros del Parlamento Europeo preguntaron al futuro Comisario de Justicia, Didier Reynders, sobre los planes de la Comisión en la puesta en marcha de la diligencia debida. Reynders tomó nota de que este era un tema central para el Parlamento y señaló que claramente los compromisos voluntarios de las empresas no eran suficientes y que habría que ir más allá en el ámbito legislativo. Afirmó que examinaría el documento firmado por las organizaciones de la sociedad civil y que tendría que haber una discusión para ver cómo se puede avanzar en este ámbito.
