USO se ha dirigido al presidente de Colombia, Iván Duque, para mostrar su apoyo y solidaridad al conjunto de los trabajadores y trabajadoras colombianos, y a sus sindicatos, ante el Paro Nacional convocado para el día 21 de noviembre. La movilización, que afectó a todo el país, responde al llamamiento efectuado por las centrales sindicales y su Comando Unitario (CGT, CUT y CTC), de común acuerdo con los estudiantes y otras organizaciones y sectores sociales.
El objetivo de la protesta es manifestar la disconformidad ante los anuncios de reforma laboral y de las pensiones, del impulso del holding financiero, del tarifazo en los servicios de energía, y demás medidas antisociales promovidas por el gobierno y por sectores de los empleadores. Éstas se enmarcan en un Plan Nacional de Desarrollo que obedece a las “recomendaciones” para Colombia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Este paquete de medidas suponen la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores y de la población, profundizando el modelo neoliberal en favor de las corporaciones internacionales y de los sectores más ricos del país, que provocarán mayores niveles de pobreza y desigualdad, así como la pérdida de soberanía de Colombia.
El anuncio de la convocatoria del Paro Nacional del 21 de noviembre ha sido respondido por el gobierno del presidente Duque con medidas preventivas inéditas, como el acuartelamiento de primer grado de las fuerzas militares y de policía, dando casi un tratamiento de guerra interna a la movilización y a la protesta de la población, además de la estigmatización, terror, persecución y criminalización de la protesta social.
USO condena y denuncia tal comportamiento del Gobierno colombiano. Así, en la carta enviada, con copia a los embajadores de Colombia en Madrid, y de España en Bogotá, se pide que se respete el derecho a la protesta social y se garanticen las libertades públicas y los derechos humanos; éstos últimos tan vilmente violentados en el país a través del constante asesinato de líderes sociales y sindicales. La comunidad internacional debe estar atenta en esta jornada de movilización para que se cumpla con la responsabilidad del Estado colombiano de respetar la integridad, la vida y el derecho a protestar de su pueblo.
Resulta manifiesto que no están implementados todos los compromisos del Estado colombiano, cumpliéndose justamente en estas fechas los tres años de la firma del Acuerdo de Terminación del Conflicto Armado y de Construcción de Paz Estable y Duradera en Colombia. Ante los riesgos de retroceso, es más necesario que nunca el respeto de los Derechos Humanos y la aplicación de todas las medidas que garanticen un país en paz y con justicia social.
