El 20 de febrero, se reivindica el Día Mundial de la Justicia Social. Este día fue instituido por las Naciones Unidas para remarcar este valor fundamental que promueve el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano.
La justicia social es la repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo y el desenvolvimiento de una persona en la sociedad como, por ejemplo, el bienestar socioafectivo, la educación, la salud y los Derechos Humanos. La OIT hizo una Declaración de empleadores, trabajadores y gobiernos en el año 2008 en este sentido, enfocando la justicia social en el marco de una globalización equitativa. Ahí, nuevamente, se remarca la necesidad de un trabajo decente y sus cuatro objetivos estratégicos: empleo, protección social, diálogo social y principios y derechos fundamentales en el trabajo, en cada país y en las relaciones comerciales.
La USO forma parte de las organizaciones comprometidas con las políticas de igualdad de oportunidades y el justo reparto de las riquezas que el trabajo crea. En este sentido, hay planteamientos prácticos en nuestra actividad como sindicato. Estamos abogando junto a los sindicatos de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) por un salario mínimo europeo y en las conferencias internacionales, con la Confederación Sindical Internacional, por un piso de protección social. También, a través de la Plataforma por la Justicia Fiscal, a la que pertenecemos, por un sistema fiscal suficiente, equitativo y progresivo, donde la lucha contra el fraude y la elusión fiscal (como la que practican las empresas y plataformas digitales y muchas multinacionales) son prioritarias. También hemos colaborado en señalar problemas y respuestas sobre la situación del trabajador pobre en nuestro país, ante el relator de la ONU sobre pobreza, que ayude a plantear políticas y presupuestos sobre esta problemática.
Las desigualdades de ingresos tienen que ser corregidas por un sistema fiscal que soporte la provisión de servicios públicos de calidad, enseñanza, sanidad, dependencia, etc. La desigualdad no sólo conduce a una disminución de la productividad, sino que también engendra la pobreza, la inestabilidad social e incluso el conflicto. Por eso, es fundamental que la comunidad internacional y los propios países establezcan algunas reglas básicas para garantizar que la globalización, la lucha contra el cambio climático o la revolución tecnológica ofrezcan oportunidades justas de prosperidad para todos.
USO defiende la universalización de las Normas del trabajo de la OIT y reclama una Transición Justa hacia una economía sin contaminación atmosférica y, por supuesto, la primacía de los Derechos Humanos. España tiene mucho que hacer y una gran tarea en este sentido.
