El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (EPU) ha efectuado la revisión periódica de la situación de los derechos humanos en España, aplicando por tercera vez el el mecanismo del Examen Periódico Universal desde el miércoles 22 de enero de 2020. La audiencia fue pública y se retransmitió por internet tv.
España es uno de los 14 Estados que ha sido examinado por el Grupo de Trabajo del EPU en su sesión que tiene lugar desde el 20 al 31 de enero. Las primeras y segundas revisiones del EPU de España tuvieron lugar en mayo de 2010 y en enero de 2015, respectivamente.
España ha recibido 275 recomendaciones para mejorar en materia derechos humanos, procedentes de diferentes países. La revista Corrientes resalta algunas de esas recomendaciones propuestas individual o colectivamente por algunos de los 110 Estados que hicieron esa labor de todos los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos.
Entre ellas, figura la de iniciar un diálogo constructivo entre el nuevo Gobierno y el pueblo catalán y sus instituciones, a propuesta de la República Bolivariana de Venezuela.
Asimismo, a sugerencia de Canadá, propone revisar las leyes relativas a los delitos de injuria a la Corona y de ofensa a los sentimientos religiosos, y revisar la Ley Orgánica 9/1983 y la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana con el objetivo de proteger los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.
Violencia de género
Un capítulo especial recibe la violencia e igualdad de género con múltiples propuestas hechas por diversos países, entre otros Tailandia, Bosnia-Herzegovina y Libia.
Entre esas recomendaciones figuran la de redoblar los esfuerzos en materia de lucha contra la violencia machista, en particular mediante la aplicación efectiva de políticas pertinentes por las autoridades competentes, garantizando que las víctimas tengan acceso a medios inmediatos de reparación y protección y que los autores rindan cuentas de sus actos.
También se propone la posibilidad de incluir otras formas de violencia de género en la ley orgánica.
Con respecto a materia criminal y de lucha antiterrorista, Luxemburgo propone a España abolir el régimen de incomunicación y prohibir la detención en solitario de más de quince días.
Suiza, por su parte, recomienda garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, así como la garantía de no repetición para todas las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, e investigar los crímenes cometidos de acuerdo con el derecho internacional.
Del mismo modo, Venezuela y Rumania proponen avanzar hacia la igualdad efectiva del pueblo gitano y continuar los esfuerzos relacionados con la discriminación contra esa población, especialmente en lo que respecta al empleo, la vivienda, la salud y la educación.
Discapacidad
También las cuestiones relacionadas con los derechos humanos de las personas con discapacidad ocupan un buen número de recomendaciones, procedentes de Estados como Chile, Argelia, Qatar o Perú.
Entre otras propuestas se encuentran las de intensificar los esfuerzos para integrar a las personas con discapacidad dentro de la sociedad y eliminar todos los obstáculos que les limitan, así como garantizar la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud.
También recomiendan a España que asegure que los niños con discapacidad ejerzan afectivamente sus derechos a la educación, la autonomía y la participación en la sociedad.
Protección para los migrantes y refugiados
Otro capítulo que recibe múltiples sugerencias para España es el de los migrantes y refugiados con una treintena de referencias a cómo mejorar desde su acogida a su integración por parte de Nigeria, Japón, Argentina, Pakistán e Irán, entre otros.
También llama a adoptar medidas concretas para proteger y promover los derechos de las víctimas de la trata de personasy a continuar adoptando medidas coordinadas con la Unión Europea con el objetivo de proteger sus garantías fundamentales.
Además, solicita proporcionar alojamiento humanitario temporal a los migrantes irregulares mientras se tramitan sus casos, como alternativa a la detención y a tomar medidas para proteger los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes y los solicitantes de asilo, así como garantizar el acceso a un nivel de vida adecuado.
Apoyo al empleo juvenil y el acceso a la vivienda
Distintos Estados también proponen a España fortalecer las políticas de lucha contra el desempleo y promover el empleo decente, especialmente entre los jóvenes y la población gitana (roma), así como continuar fomentando medidas para hacer frente a la baja tasa de empleo entre los jóvenes, mediante la provisión de programas adecuados de formación y apoyo.
Con relación a la protección de las personas mayores se recomienda adoptar las medidas necesarias para ampliar la cobertura de las pensiones, prestando especial atención a las personas y grupos más desfavorecidos.
Con respecto al problema del acceso a la vivienda y los desalojos, se recomienda a España promover la construcción generalizada de viviendas sociales para las familias vulnerables y adoptar un marco legislativo relativo al derecho a la vivienda destinado a garantizar que las personas desalojadas tengan acceso a una indemnización u otra vivienda decente, que se les informe de la decisión de desalojo y que tengan acceso a un recurso judicial efectivo.
Los documentos en los que se basa el EPU son:
1) un informe nacional con información presentado por el Estado bajo examinación;
2) una compilación de los informes de expertos y grupos de trabajo independientes conocidos como los Procedimientos Especiales, los Órganos de los Tratados de derechos humanos, y otras entidades de las Naciones Unidas;
y 3) un resumen de la información proporcionada por los actores interesados pertinentes, incluyendo las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones regionales y las organizaciones no gubernamentales.
Los tres informes que servirán de base para el examen de España el próximo 22 de enero pueden encontrarse aquí
El EPU es un mecanismo único que implica la revisión periódica de la situación de derechos humanos de los 193 Estados Miembros de la ONU. Desde su primera reunión celebrada en abril del 2008, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas fueron revisados dos veces en el primer y segundo ciclo. Durante el tercer ciclo del EPU, se espera que los Estados especifiquen las medidas que han adoptado para aplicar las recomendaciones formuladas en sus exámenes anteriores, a las que se comprometieron a hacer un seguimiento, así como a poner de relieve la reciente evolución de los derechos humanos en el país.
La delegación de España estaba presidida por Fernando Martín-Valenzuela Marzo, Secretario de Estado Asuntos Exteriores.
Las delegaciones que sirvieron como relatores («troika») para el EPU de España han sido: Bangladesh, Chequia y Nigeria.
La lista de oradores y las intervenciones que se han producido durante el EPU de España estarán disponibles en el EPU Extranet
Para obtener más información sobre el Examen Periódico Universal, visite el sitio web de la EPU
