La situación que atraviesan los sindicatos en Argelia, Egipto y Turquía, así como la regresión en las libertades sindicales, son los temas que han centrado la reunión del grupo informal de trabajo sindical sobre el Mediterráneo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).
Santiago González y Laura Adam, de la Secretaría de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible del sindicato, han participado en este encuentro que ha contado también con la presencia de la oficial del Departamento de Derechos Humanos de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Mabel Grossi.
Situación sindical en Argelia, Egipto y Turquía
Este grupo de trabajo de la CES ha analizado las características propias del sindicalismo en tres países del mediterráneo. Así, en Argelia se reconoce el pluralismo sindical, pero se impide el reconocimiento confederal sindical del sindicalismo autónomo. Esto ha propiciado la creación de sindicatos sectoriales, algunos corporativos.
En Egipto, la situación es aún peor. La estructura gubernamental tiene organizado un sindicato oficial y el sindicalismo autónomo tiene poco espacio para poder crecer. A esto hay que añadirle que la Unión Europea no condiciona sus acuerdos de vecindad y de asociación en la mejora de las relaciones laborales y sindicales.
En el caso de Turquía, se intenta resistir al sindicalismo promovido por el partido gubernamental, se han producido purgas en el campo funcionarial y problemas de libertad sindical. Para mejorar la eficacia, se ha planteado la necesidad de incluir a las Global Unions, los sindicatos internacionales sectoriales, en la acción sindical en estos países.
Debate sindical sobre los derechos y libertades
Además de este análisis, se ha debatido en torno a la publicación por las Naciones Unidas de una lista de empresas que se benefician de la ocupación militar de Palestina, vulnerando las convenciones de Ginebra; y a la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre la especificación del origen de los productos originarios de las colonias sionistas en el Territorio Ocupado Palestino.
En este sentido, se ha acordado la redacción de una lista de acciones, a emprender de manera gradual, para que no se puedan beneficiar del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea e Israel. Medidas que irían desde actuaciones más suaves, como la aplicación de mecanismos de responsabilidad social corporativa, a reclamaciones más ejecutivas ante las instituciones europeas y nacionales o los fondos de inversión.
Ha sobresalido el rechazo a la actividad que está realizando la empresa española CAF para construir y equipar líneas de tranvía entre Jerusalén y las colonias próximas. También se ha tratado de la necesidad de que la CSI vigile y, en su caso, dé respuesta a las contribuciones sociales obligatorias de los trabajadores palestinos. Estas contribuciones se realizan según las normas israelíes y no son recuperadas por las autoridades o trabajadores palestinos.
Por último, también se ha debatido sobre el próximo Fórum de Diálogo Social de la Unión Europea para el Mediterráneo y la continuidad de un proyecto tripartito (SOLID II) en los Territorios Ocupados Palestinos, Marruecos y Líbano.