REDUCCIÓN DE HORAS PRESENCIALES EN LAS CONSELLERIAS A CAUSA DEL COVID-19
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la Disposición adicional tercera, establece la Suspensión de plazos administrativos y en la Disposición adicional cuarta, la Suspensión de plazos de prescripción y caducidad.
Se suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del Sector Público, hasta la fecha en que pierda vigencia el presente Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el Sector Publico definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.
Estas suspensiones reducen sustancialmente muchas de las funciones de los EEPP.
Por otro lado, el artículo 6 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID 19 establece que los trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto de cónyuge y familiares tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a su reducción, si se dan las circunstancias previstas en dicho artículo.
En el mismo sentido, las últimas medidas adoptadas en los Acuerdos del Consejo de Gobierno celebrados los pasados días 13 y 16 de marzo de 2020 tienen como objetivo fundamental garantizar la prestación básica de los servicios públicos junto con la debida protección a los empleados públicos. Así se determina que, con carácter general, si las funciones a realizar lo permiten, se generalice el teletrabajo o trabajo en domicilio.
Por todo lo expuesto anteriormente,
Desde USO-CAIB, PROPONEMOS que en aquellos servicios administrativos en los que no exista una carga de trabajo que exija la prestación de la jornada completa, se permita una reducción de las horas presenciales de los empleados públicos.
Medida que, en estos momentos tan excepcionales, ayudará, en primer lugar, a evitar o disminuir las posibilidades temporales de contagio del COVID-19 de los EEPP y por ende de los ciudadanos, así como a conciliar la vida familiar y familiar.
