Desde el sector de Sanidad de FAC-USO ponemos en valor el gran trabajo, esfuerzo y solidaridad, de todos los profesionales Auxiliares de Ayuda a Domicilio ante la crisis del coronavirus (COVID-19).
Una vez más las trabajadoras de Ayuda a Domicilio se crecen ante la adversidad, la falta de medios, las carencias de todo tipo y sobre todo la poca visibilidad y reconocimiento a una labor tan necesaria en nuestra sociedad, no es un obstáculo para que se empatice con los usuarios y se les atienda, transmitiendo tranquilidad y confianza.
Por ello DENUNCIAMOS ante las Administraciones, Diputaciones, Ayuntamientos y Empresas, que a pesar del tiempo transcurrido desde el comienzo de esta crisis coronavirus (COVID-19), que los Equipos de Protección Individual (EPIs), llegan a cuenta gotas y algunas empresas se niegan a facilitarlos, otras los únicos medios que dan, es una mascarilla de usar y tirar para todo el día y para atender a todos los usuarios, así como también la falta de organización de unos servicios mínimos que garantice una mayor protección tanto al usuario como al Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
El servicio de Ayuda a Domicilio está dirigido a personas de edad avanzada, que además pueden presentar enfermedades crónicas. Hay que tener en consideración la movilidad del personal encargado de la atención y el contacto entre los domicilios y por eso son necesarios, y así los exigimos, unos equipos de protección individual dignos y suficientes.
Desde algunas Consejerías Autonómicas se han publicado recomendaciones para Auxiliares de Ayuda a Domicilio en relación al covid.-19, entre las que se dan una serie de pautas a seguir de atención a los usuarios y de medidas generales dirigidas a la protección de la salud de las Auxiliares de Ayuda a Domicilio.
De igual manera se han manifestado otras Administraciones dictando medidas dirigida a la prevención y control de las infecciones por COVID.
Como muy bien manifiesta estas Administraciones, las medidas de control y prevención son fundamentales para el servicio de ayuda a domicilio, ya que se trabaja con personas potencialmente en riesgo.
Estamos en Estado de Alarma, y tenemos que proteger a nuestra primera línea de defensa, que son todas las trabajadoras de Ayuda a Domicilio, y por esas mismas razones, deberían de ser provistas de esos materiales de protección, tanto para protección del personal como de los usuarios.
El uso de dicho material de protección es la primera barrera para poder intentar frenar la propagación del covid-19, tanto en el personal como en los usuarios.
El art. 4 de la LPRL define “riesgo laboral grave e inminente” aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. Es más, continúa el artículo exponiendo que se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a los agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores.
Estamos ante un RIESGO LABORAL GRAVE E INMINENTE, siendo la Administración Autonómica, Diputaciones y Ayuntamientos, el que tiene la obligación POR IMPERATIVO LEGAL, de proteger a sus trabajadores del mismo, pudiendo ser constitutivo, caso de que no se proceda a la adopción de medidas de protección para asegurar la seguridad y salud de estos trabajadores, de un delito de peligro contemplado en el art. 316 del Código Penal.
Por todo ello y, desde la Sanidad de la Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera, EXIGIMOS:
Se facilite, a la mayor brevedad posible, los materiales de protección necesarios como equipos EPI , guantes , mascarillas , batas desechables , gel en seco , etc,… a todo el personal referenciados en el cuerpo del presente escrito, que se encuentre expuesto a este riesgo por tener que atender a personas potencialmente en riesgo así como se establezca unos servicios mínimos, no descartando dirigirnos, en caso de que no se proceda a la dotación inmediata de este material de protección, a las autoridades laborales y judiciales competentes.
Protejamos a todos nuestros profesionales y estaremos protegiendo a todos los ciudadanos.
