- USO reclama que se negocien las condiciones del teletrabajo y que este sea un derecho y no un privilegio corporativo
- Los funcionarios de Justicia exigen trabajar desde ya en un Plan de Actuación Global con la vista puesta en la avalancha de asuntos que llegará tras el levantamiento de las restricciones
El Sindicato Profesional de Justicia de USO lamenta que solo ahora, de una manera completamente improvisada y sin medios ni infraestructuras suficientes para aplicarlo debidamente, el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas piensen en fórmulas de teletrabajo para los funcionarios de la Justicia. Para ello, “le pedimos a estas administraciones que se sienten a negociar con los representantes de los trabajadores cómo aplicar la modalidad de trabajo a distancia y cómo poner los medios a su alcance. En el primer mes de estado de alarma, el teletrabajo ha sido un privilegio reservado para los miembros de las carreras judicial y fiscal, y solo desde el 15 de abril se ha permitido la adhesión voluntaria de los funcionarios a esta modalidad. Pero, al contrario que jueces y fiscales, el funcionario debe poner sus propios medios al servicio de la Administración”, denuncia Javier Toro, secretario general de SPJ-USO.
El funcionariado lamenta “el desdén que desde el primer momento hemos sufrido por parte del órgano de los jueces, que en las etapas más duras del confinamiento por la crisis sanitaria exigían en sede judicial más funcionarios de los previstos por los servicios mínimos. Eso sí, sin ponerse en ningún momento a pie de juzgado y dejando los riesgos por contagio únicamente para los funcionarios”, continúa Toro.
Unas sedes judiciales a las que los equipos de protección llegaron “tarde, incompletos y sin repuesto. Los funcionarios hemos sido el chivo expiatorio de la descoordinación entre administraciones y competencias, y de las prevalencias corporativistas que han optado por el sálvense quien pueda, de espaldas y en perjuicio de los trabajadores de base”, destaca el secretario general de SPJ-USO.
El Sindicato Profesional de Justicia va más allá en sus demandas, “que no deben quedarse en el cortoplacismo. Estamos inmersos en una crisis sin precedente, que afecta a todos los niveles de nuestra vida. Cuando se levanten por completo las restricciones del estado de alarma, la avalancha y acumulación de asuntos va a llegar a niveles desconocidos. No partimos de las mejores condiciones, pues la sobrecarga de la Justicia ya la hemos denunciado a diario. Por ello, exigimos que se trabaje desde ya en el Plan de Actuación Global, con la coordinación de todos los estamentos implicados en al Administración de Justicia, y no únicamente desde los planteamientos del CGPJ, a todas luces insuficientes, pues se centran solo en su labor. Vamos a afrontar una emergencia nacional, y la Justicia debe responder a la ciudadanía de una forma coordinada y garantista del servicio público que prestamos”, concluye Javier Toro.
