El Sr. Vicepresidente del Gobierno Andaluz ha afirmado hoy, 13 de mayo, que “se están haciendo test a todo el personal de la Administración de Justicia y pide al Ministerio que extienda esta medida”, y en algunos medios le atribuyen la afirmación de que se han efectuado dichos test “antes” de la reincorporación a los edificios judiciales de un tercio de la plantilla de sus funcionarios/as, decisión ésta última que se ha hecho efectiva con fecha de ayer en los órganos judiciales andaluces.
SPJ-USO, de antemano, quiere reconocer que la primera Administración territorial que ha anunciado la realización de test de diagnóstico COVID-19 al personal de Justicia ha sido la andaluza. Al respecto de la clamorosa omisión de cualquier mínima estrategia de diagnosis de la enfermedad en nuestro sector, nos parece especialmente lamentable que el Ministerio de Justicia no la haya planteado como medida de obligatoria adopción dentro de su estrafalario “esquema de seguridad laboral y plan de desescalada en la Justicia” para el conjunto de los empleados públicos de la Administración de Justicia de España. Máxime cuando en la Administración de Justicia se dan, por regla general, algunos de los mayores edificios administrativos del Estado. En concreto, en Andalucía el mayor edificio administrativo de la Comunidad Autónoma es la Ciudad de la Justicia de Málaga.
Es por éste y otros factores que vienen a confluir en unos espacios de trabajo cerrados, con ingente cantidad de personal funcionario (de Justicia sobre todo, pero también de la Administración General), de Oficios, de Vigilancia y Seguridad… y gran afluencia de público y profesionales, es por todo ello, decimos, que los centros de trabajo judiciales constituyen unidades especialmente sensibles al riesgo, y deben ser tratados, por tanto, con prevenciones cualificadas, al albergar un importante potencial de asunción y de proyección de posibles contagios desde y hacia el conjunto de la población.
Dicho esto, SPJ-USO no va a consentir que se termine por confundir al funcionariado afectado ni a la opinión pública: NO ES CIERTO que la Administración andaluza haya comenzado a realizar test de ningún tipo entre el personal de la Administración de Justicia en Andalucía, sino que, como hemos dicho antes, SÓLO LOS HA ANUNCIADO DE UNA MANERA VAGA E IMPRECISA. El lunes día 11 de mayo de 2020 durante el transcurso de la Mesa de Negociación nuestro sindicato expresamente cuestionó al respecto al representante de la Administración autonómica, y éste no fue capaz de decirnos nada en concreto, ni siquiera de fijar fechas aproximadas.
Por favor, Sr. Marín, indique Ud. dónde, cuándo y (sin ofrecer datos personales) a quién se le ha practicado un solo test, pues sus representantes sindicales no tenemos la más mínima noticia.
Resulta indignante que, en circunstancias como las que, desgraciadamente vivimos, unos y otros traten de “vender su moto” a la gente. Cuando se trata de las personas afectadas se tiene que ser más respetuoso en las formas y más transparente en las acciones.
Al personal a que Ud. se ha referido de esa reprochable manera se le está forzando a reincorporarse sin respetar las fases de la de desescalada aprobadas por la Autoridad Sanitaria para la ciudadanía, sin PLAN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, sin un programa ni calendario para la detección de contagios (test de diagnóstico y otras técnicas), sin las suficientes medidas de seguridad y de salud laborales, sin que se haya articulado el teletrabajo (ni siquiera para el personal con factores cualificados de riesgo), sin negociar su jornada y horarios, turnos, vacaciones, la movilidad en sus puestos de trabajo, ni los planes de actuación extraordinarios….
