Hay que subsanar los déficits de protección social en los países en desarrollo para atajar crisis futuras, dice la OIT

El impacto de crisis como la del COVID-19 se atenuará con sistemas de protección social reforzados e integrales.

Según un nuevo análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la crisis del COVID-19  ha puesto de manifiesto déficits catastróficos de cobertura de la protección social en los países en desarrollo, y la única forma de sostener la recuperación y prevenir crisis futuras es que estos países transformen sus medidas especiales de respuesta en sistemas de protección social integrales.

Dos reseñas informativas publicadas por la OIT advierten que los déficits actuales de protección social podrían comprometer los planes de recuperación, exponer a millones de personas al riesgo de pobreza, y afectar la capacidad de reacción mundial para hacer frente a crisis similares en el futuro.

En ambas reseñas se examina pormenorizadamente el papel de las medidas de protección social en la intervención del brote de COVID-19 en los países en desarrollo, incluida la concesión de prestaciones de enfermedad durante la crisis.

La reseña Social protection responses to the COVID-19 pandemic in developing countries  (Resumen: Respuestas de los países en desarrollo en materia de protección social ante el COVID-19 ), describe la protección social como “un mecanismo indispensable para proporcionar ayuda a las personas durante la crisis”. Examina las medidas de respuesta aplicadas por algunos países, entre otras, la eliminación de obstáculos financieros a la atención sanitaria de calidad, el aumento de la seguridad de los ingresos, la proyección a los trabajadores de la economía informal, la protección de los ingresos y del empleo, y la mejora de la prestación de los servicios de protección social, empleo, y otras intervenciones.

También se advierte a los encargados de la formulación de políticas que eviten centrar toda su atención en el COVID-19, ya que ello podría reducir la disponibilidad de los sistemas de salud para responder a “otras afecciones que matan a personas todos los días”. Se cita el caso de la pandemia de ébola y la forma en que todos los recursos se centraron en controlar ese virus, mientras se disparaba la mortalidad por malaria, tuberculosis y VIH/SIDA.

Los datos incluidos indican que el 55 por ciento de la población mundial –nada menos que cuatro mil millones de personas– carecen de seguro social y de asistencia social. A nivel mundial, solo el 20 por ciento de las personas desempleadas tienen derecho a una prestación de desempleo, y en algunos lugares la cobertura es incluso inferior.

La otra reseña de Social Protection Spotlight se titula Sickness benefits during sick leave and quarantine: Country responses and policy considerations in the context of COVID-19  (Los subsidios de enfermedad durante la licencia por enfermedad y la cuarentena: respuesta y consideraciones políticas de los países en el contexto del COVID-19).

Se advierte que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha puesto de manifiesto dos efectos adversos principales del déficit de cobertura de las prestaciones por enfermedad. En primer lugar, esa carencia puede obligar a ir a trabajar a personas que están enfermas o debieran autoconfinarse, aumentando así el riesgo de infectar a terceros. En segundo lugar, la pérdida de ingresos aneja aumenta el riesgo de pobreza de los trabajadores y sus familias, que podría tener un efecto duradero.

La reseña insta a adoptar medidas urgentes y a corto plazo para resolver los déficits de cobertura y adecuación de las prestaciones de enfermedad, y apunta a la triple ventaja que ello podría entrañar: apoyo a la salud pública, prevención de la pobreza, y promoción de los derechos humanos a la salud y la seguridad social.

Entre las medidas propuestas se incluyen la ampliación de la cobertura de la prestación de enfermedad a toda la población, asegurándose de llegar a las mujeres y los hombres con una relación de trabajo atípica o informal, a los trabajadores por cuenta propia, a los migrantes y grupos vulnerables. Se realizan varias recomendaciones, como aumentar la cuantía de las prestaciones para que proporcionen seguridad de los ingresos, acelerar la concesión del subsidio, y ampliar el alcance de las prestaciones para que incluyan las actuaciones de prevención, diagnóstico y tratamiento, así como el tiempo pasado en cuarentena o cuidando de personas enfermas a cargo.

“La crisis del COVID-19 es un llamado de atención. Ha demostrado que la falta de protección social no solo afecta a los pobres; también pone de manifiesto la vulnerabilidad de quienes tenían una situación relativamente buena, pues el costo de la atención médica y la pérdida de ingresos puede destruir fácilmente el fruto de decenios de trabajo y los ahorros de una familia”, dijo Shahra Razavi, Directora del Departamento de Protección Social de la OIT.

“Los ejemplos de distintos lugares del mundo vuelven a evidenciar que los países con un sistema de protección social sólido e integral están en una posición mucho más fuerte para intervenir ante una crisis y para recuperarse de ella. Los encargados de formular políticas tienen que aprovechar el impulso generado por la creciente conciencia del público sobre la importancia de la protección social y la urgencia de invertir en ella como sociedad, para asegurar la capacidad de respuesta en crisis futuras.”