El acuerdo para la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía repartía 33 liberados sindicales entre UGT, CCOO y CSIF sin negociación colectiva previa
La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO-Andalucía ha dirigido un escrito a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía solicitándole que denuncie el acuerdo sobre la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales y reparto de delegados que ha sido anulado mediante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El acuerdo, de 8 de abril de 2014, establecía el reparto de los representantes en la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales y sus correspondientes liberados, sin mediar negociación colectiva, como prevé el Trebep. Dicho acuerdo designaba automáticamente una cuota de delegados para UGT, CCOO y CSIF, estuvieran o no presentes en los diferentes sectores en los distintos ámbitos de la Administración. Y los delegados restantes sí que seguirían un reparto en función de qué sindicatos hubieran elegido democráticamente los trabajadores.
Esos representantes fijos deciden sobre las medidas de seguridad laboral de sectores en los que ni siquiera tienen presencia sindical
Así, “se dan todo tipo de paradojas, como que sindicatos médicos, mayoritarios en su ámbito, estén por detrás de estos tres en cuanto a prevención de riesgos en el ámbito sanitario, o que CCOO pueda decidir sobre las medidas de salud laboral en Justicia en algunos ámbitos territoriales, cuando los funcionarios de Justicia han decidido no darles ninguna representación en las elecciones”, explica Enrique Jiménez, secretario de Organización de FAC-USO-Andalucía.
El conjunto de recursos y demandas contra el acuerdo por parte de todo el espectro sindical de la Administración de Andalucía se resolvió en la sentencia del TSJA del pasado mes de junio, que declaraba la nulidad de ese acuerdo.
Con una sentencia de ilegalidad del TSJA, la Junta de Andalucía no puede renovar un año más el acuerdo
“La sentencia aún admite recurso, y nuestros delegados tienen conocimiento de que no solo alguno de los sindicatos firmantes, sino la propia Junta de Andalucía, va a recurrirlo. Nos indigna profundamente que la Junta quiera perpetuar un régimen de favoritismos y prebendas a los sindicatos mayoritarios de la Mesa General. Pero, más allá de eso, el acuerdo se renueva automáticamente cada año. Y es la Junta la que debe denunciarlo con dos meses de antelación. Desde USO le pedimos a la Consejería que, con una sentencia de ilegalidad del máximo órgano judicial autonómico sobre la mesa, sea consecuente y no prorrogue un año más este favoritismo antidemocrático”, pide el dirigente de FAC-USO-Andalucía.
