El nuevo curso 2020/21 ha comenzado de forma convulsa y agitada debido a una pandemia que no cesa y con unas Administraciones incapaces de controlar su avance. Docentes y no docentes de todos los sectores de la enseñanza están viviendo situaciones surrealistas, cambios de criterios constantes en los protocolos de actuación, incumplimientos de las medidas de seguridad… A lo que hay que sumar falta de material de protección, convivencias con varios grupos.
Todo ello multiplica el riesgo de contagio y transmisión en toda la comunidad educativa. Sin caer en gratuitos alarmismos, los centros educativos se encuentran ante una grave situación de inseguridad que está provocando miedo y malestar entre los trabajadores de la enseñanza.
Desde USO denunciamos que el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV 2, del 8 de junio de 20020, emitido por el Ministerio de Sanidad, se ha quedado obsoleto a la hora de establecer los diferentes escenarios de exposición en los que se pueden encontrar los trabajadores con el fin de establecer las medidas preventivas requeridas. En la enseñanza, se ha generalizado que todos los trabajadores se sitúan en un Nivel de Riesgo 1 (NR1), es decir, que tienen una baja probabilidad de exposición al virus.
Desde USO, consideramos que esta categorización es insuficiente, ya que se está adoptando en base a un criterio, “el trabajo sin contacto con personas sintomáticas”, que no se ajusta a la realidad. Esta decisión excluye la posibilidad de que las empresas puedan adoptar medidas encaminadas a la adaptación del puesto de trabajo de algunos de sus trabajadores, especialmente a los grupos vulnerables y de más de 60 años. A muchos de estos trabajadores no se les ha realizado ningún estudio, ni evaluación, ni reconocimiento médico, por lo que siguen realizando las mismas tareas educativas en los mismos puestos, en contra de los propios criterios del Ministerio de Sanidad.
Para mejorar el clima de seguridad y salud laboral en los centros de enseñanza, desde USO pedimos que se apremie a todos los centros educativos a realizar una evaluación sistemática, exhaustiva y real, de cada una de las personas que pertenezcan a los grupos vulnerables. También exigimos el cumplimiento de los requerimientos legales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en materia de evaluación de los riesgos en el trabajo. Pedimos, además, al Ministerio de Sanidad que con carácter de urgencia revise los criterios establecidos en sus Procedimientos de Actuación y los niveles de riesgo, claramente obsoletos y que no tienen en cuenta la evolución actual de la pandemia.
