El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley (PNL) del Partido Popular para instar al Gobierno canario a garantizar el uso de mascarillas transparentes homologadas para todo el personal de las administraciones públicas canarias y organismos dependientes que trabajan de cara al público.
El diputado Miguel Ángel Ponce, encargado de defender la PNL, indicó que mientras no haya una vacuna, la mascarilla será «uno de los mejores medicamentos contra la covid», pero apuntó que también está generando un problema para las personas con problemas de audición.
Por ello, señaló que esta propuesta pretende buscar fórmulas que eliminen esta barrera hasta que la obligatoriedad de la mascarilla sea un «olvido»; sin embargo, como profesional sanitario, advirtió que el uso de la mascarilla continuará durante todo el año 2021.
El diputado popular hizo hincapié en que estas mascarillas con ventanilla transparente deberán ser homologadas y contar con certificación sanitaria, y añadió que el Ministerio de Sanidad ya está empezando a valorar la homologación de algunos modelos.
El diputado Jesús Ramos Chinea, de ASG, apoyó la PNL al entender que es una medida «acertada» y propuso la posibilidad de que este tipo de mascarillas se puedan fabricar en Canarias. En el mismo sentido se pronunció Francisco Déniz (Sí Podemos), quien recordó que el Gobierno destinará en 2021 más de un millón de euros a la fabricación de material sanitario, entre ellas mascarillas.
La diputada de NC Sandra Domínguez también respaldó la proposición porque es una propuesta que va a afectar a muchas personas, pues en Canarias hay unas 30.000 personas sordas. Mientras, el diputado Pedro Sosa (PSOE) expresó su deseo de que, cuanto antes, se puedan homologar las mascarillas transparentes para que sean seguras.
Por el Grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente (Cs) respaldó la iniciativa porque hacer uso de las mascarillas es «necesario y fundamental» para doblar la curva, y también porque «hay que pensar en las dificultades que tienen las personas con problemas de audición».
Por último, José Alberto Díaz Estébanez (CC-PNC) celebró la propuesta porque sirve para acortar la «brecha eterna» que sufren las personas sordas y porque, además, tiene un valor «ejemplarizante» por parte de la Administración pública.
Fuente: www.laprovincia.es
