Tras la última reunión sobre el teletrabajo en la AGE os informamos de los avances, que son pocos, que ha habido:
El teletrabajo tendrá carácter voluntario y reversible, salvo en supuestos excepcionales (eso de ‘supuestos excepcionales’ suena a cajón de sastre por el que se puede colar lo que a la Administración le venga bien al igual que ocurre con las ‘necesidades del servicio’ o la últimamente tan socorrida ‘siempre que haya disponibilidad presupuestaria’). Veremos en qué queda la cosa.
- En otro orden de opacidades a las que nos tienen acostumbrados los ‘negociadores’ todo apunta a que no se contará con la parte social para determinar qué puestos serán susceptibles de teletrabajo, ni tampoco consideran necesario que dicha información figure en la RPT para asegurar el general conocimiento por parte de las trabajadoras y trabajadores.
- Tal y como ha propuesto la FAC-USO en diferentes notas informativas se fijarán unos objetivos, que por supuesto no deben ser ni diferentes ni superiores en ningún caso a los que se esperarían en modalidad presencial (lo contrario sería un despropósito).
- Se admite, sin especificar a qué aspectos puede afectar, que la negociación de las peculiaridades de cada Ministerio se realicen previa negociación en la Mesa Delegada (esperemos que esto no sirva de excusa para retrasar la implantación del acuerdo todavía más de lo que ya se ha demorado, aunque mucho nos tememos que será así).
- Sobre el acceso al teletrabajo, la propuesta es que se realice mediante convocatorias periódicas y hablan como mínimo con carácter anual o bien por medio de un sistema de gestión permanente de solicitudes. Desde la FAC-USO exigimos que el sistema sea el de gestión permanente de solicitudes, solo faltaba que hubiera que esperar a una convocatoria anual para poder ejercer un derecho recogido en la ley y que para muchos y muchas puede suponer la diferencia entre poder conciliar o no.
- Los requisitos de acceso al teletrabajo serán estar en activo y acreditar una antigüedad mínima en el puesto de un año, entra dentro de lo razonable el que sea así, pero esperemos que no les de por introducir alguna ocurrencia de última hora que dificulte el acceso al teletrabajo.
- Se mantendrán los mismos derechos y deberes que en la modalidad presencial, aunque esto debería de darse por hecho esperamos que quede negro sobre blanco, por lo que pueda pasar.
- Se tendrá derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el teletrabajo de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, como no puede ser de otra manera la carga debería recaer en la Administración y no en el trabajador, aunque viendo cómo negocian los presentes en la mesa cualquier cosa puede ocurrir.
- La Administración proporcionará los medios tecnológicos necesarios para el desarrollo de la actividad y la formación necesaria. Desde la FAC-USO creemos que es una buena noticia que por fin se haya entrado en razón, pero es insuficiente, solo se habla de medios tecnológicos y ¿Qué pasa con los medios materiales que puedan ser necesarios y con el mobiliario para realizar la labor? ¿Los pondrá el trabajador o trabajadora? Supuestamente se mantendrán los mismos derechos y deberes que en la modalidad presencial, sin que pueda sufrirse perjuicio alguno en las condiciones de trabajo (retribuciones, tiempo de trabajo, formación, carrera profesional, etc.), habrá que ver si esto se cumple o no.
- Se podrá establecer un horario fijo de disponibilidad y localización. La Administración pretende introducir en el texto el establecimiento de medidas de control del cumplimiento de jornadas y seguimiento del trabajo. Y volvemos a la cultura del presentismo, resulta que por un lado nos dicen que se establecerán unos objetivos, pero lejos de dejar a criterio del funcionario o funcionaria en qué momento realizarlos se pretende establecer un horario fijo de presencia y para colmo controlado, veremos a ver de qué forma pretenden hacer eso. Desde FAC-USO nos preguntamos, ¿Para qué? Si pretendemos tener una Administración del siglo XXI no podemos tener un sistema de trabajo del siglo XIX, pero parece que no lo entienden.
- Las condiciones del teletrabajo se incluirán en un acuerdo que contendrá: Jornada y horario, Tareas, Objetivos, ubicación, duración de la autorización, etc. También recogerá las condiciones de la posible prórroga que en ningún caso excederá los dos años.
- Se propone una única modalidad de teletrabajo (3+2), para que dejar libertad de opción si podemos imponerlo, como el horario.
- La Administración propone para la España vaciada, una modalidad que supone un porcentaje menor de trabajo presencial, eliminando el porcentaje que representaría el trabajo presencial en dicha modalidad (antes los fijaba en un 10% en cómputo mensual).
Desde FAC-USO vemos como transcurre la negociación con perplejidad no sólo por la tardanza en tener algo en firme también por el contenido del futuro acuerdo. Lejos de representar un avance hacia un modelo de trabajo moderno, dinámico y adaptado a las necesidades tanto de la Administración como del personal funcionario, vemos como se pretende imponer un modelo arcaico, con tintes decimonónicos y que en nada ayuda a conseguir el objetivo, si es que ese ha sido en algún momento, de tener una Administración del siglo XXI. Por ello desde la FAC-USO lanzamos una serie de propuestas que esperamos sean tenidas en cuenta por los presentes en la mesa, aunque mucho nos tememos que no será así. Dichas propuestas son las siguientes:
- Transparencia total a la hora de determinar los puestos susceptibles de teletrabajo.
- Que la negociación de las peculiaridades se haga en los diferentes ámbitos (Comités de Empresa y Juntas de Personal) y no en la Mesa Delegada que probablemente desconozca dichas peculiaridades.
- Trabajo por objetivos y tareas programadas semanalmente.
- Sin horario fijo de ningún tipo, que sea el funcionario o funcionaria quien se organice.
- Modalidad de teletrabajo a libre elección (3+2, 4+1…) y sin establecer un periodo máximo de permanencia en dicha modalidad.
Mientras esto no se consiga no tendremos un teletrabajo de verdad que sirva para conciliar y que no recorte derechos a las trabajadoras y trabajadores.