Un nuevo estudio a escala mundial de la CSI y UNI Global Union ha encontrado que el 98% de la gente trabajadora en el mundo no dispone de las bajas remuneradas por enfermedad, los ingresos de sustitución o las prestaciones sociales que necesitaría para afrontar el impacto de la COVID-19.
Este innovador análisis global clasifica las respuestas gubernamentales en 181 jurisdicciones frente a la pandemia, situando a Argentina en el primer puesto. Poco más de la mitad de los Gobiernos incluidos en el estudio reconocen la COVID-19 como enfermedad profesional a través de un proceso regulatorio formal.
El informe, titulado COVID-19: una enfermedad profesional – dónde están mejor protegidos los trabajadores situados en primera línea, analiza y clasifica los niveles de compensación a los trabajadores, los programas de seguridad social y los sistemas de sanidad pública. Incluye a 124 países, así como 37 estados de EE. UU., 13 provincias y territorios canadienses y siete estados australianos.
- Los cinco primeros países del informe fueron Argentina, seguido de Austria, Suecia, Francia y España.
- Las 10 jurisdicciones situadas en cabeza en el estudio representan apenas al 2% de la población trabajadora mundial.
Poco más de la mitad (98 jurisdicciones) reconocen la COVID-19 como una enfermedad profesional a través de un proceso regulatorio formal, permitiendo a las personas que hayan contraído el coronavirus en el trabajo acceder a protecciones y prestaciones sociales –como bajas remuneradas por enfermedad, atención médica o ingresos de sustitución– que de otro modo les serían denegadas.
Este reconocimiento es particularmente importante para trabajadores/as que sufren de COVID prolongado y otras complicaciones ocasionadas por la enfermedad.
La CSI y UNI Global Union hacen cinco recomendaciones políticas clave para garantizar un mejor apoyo al personal situado en primera línea:
- Calificación automática para prestaciones relacionados con la enfermedad COVID-19
- Cobertura para todos los trabajadores independientemente de su relación de empleo
- Recopilación fiable de datos
- Inclusión de una categoría general de enfermedades infecciosas profesionales en la legislación y las políticas
- Licencia remunerada por enfermedad para efectuar pruebas y recuperación
Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, declaró: “No podemos dejar que el personal situado en primera línea se quede sin una protección social adecuada. Para una recuperación resiliente hace falta un nuevo contrato social, que brinde a los trabajadores y trabajadoras las mejores opciones para obtener los beneficios y la compensación que merecen, con un Fondo Mundial de Protección Social como primer paso hacia la garantía de derechos universales. Para ello, pedimos que la Organización Internacional del Trabajo reconozca urgentemente la COVID-19 como enfermedad profesional, como parte de la campaña para hacer de la salud y seguridad ocupacional un derecho fundamental”.
Hace justo un año, con ocasión de la Jornada Internacional de Conmemoración en 2020, los sindicatos mundiales, entre los que se encuentran UNI Global Union y la CSI, pidieron que se reconociese la COVID-19 como enfermedad profesional. Este informe muestra que se han logrado progresos, pero queda aún mucho por hacer.
Otras conclusiones clave:
- Apenas 10 jurisdicciones (5,5%) recibieron la calificación más alta, indicando disposiciones buenas o muy buenas respecto a ingresos de sustitución, tratamiento médico, bajas remuneradas por enfermedad y prestaciones en caso de defunción.
- La baja remunerada estaba disponible en 104 jurisdicciones, lo que significa que casi el 43% de los trabajadores no tiene acceso a bajas remuneradas por enfermedad.
- Solo el 6% de las jurisdicciones cubiertas teóricamente cuentan con normas, regulaciones, leyes o políticas que otorgan acceso automático a tratamiento médico e ingresos de sustitución para todos los trabajadores, sin necesidad de aportar pruebas para justificar su derecho a tales prestaciones. No obstante, al considerar al personal sanitario el porcentaje se eleva al 17%.
- Argentina fue el país con mayor puntuación, demostrando que un fuerte apoyo a los trabajadores no depende de la riqueza de una nación.
- En Alemania y los países nórdicos, la legislación existente sobre enfermedades infecciosas supone que los trabajadores que contraigan la COVID-19 tendrán acceso automático a bajas por enfermedad, ingresos de sustitución y atención médica. No hizo falta ningún cambio formal en la legislación para apoyar a los trabajadores. Constituyen algunos de los mejores ejemplos de cómo un país podría prepararse para futuras pandemias.
