La dejación de la Dirección Xeral de Xustiza en relación con la seguridad en el control de accesos en los edificios judiciales viene de largo, y no sólo es inadmisible sino que en Galicia también alcanza tintes verdaderamente preocupantes en lo que se refiere a los Juzgados de las Villas y pueblos.
SPJ-USO ha denunciado REITERADAMENTE la inseguridad que sufren los compañeros allí destinados; recordamos a la DXX que la Administración de Justicia (por sus especiales características), necesita para el cumplimiento de sus fines un conjunto de instalaciones que deben reunir unas MÍNIMAS CONDICIONES. La lógica dicta que, dado el CARÁCTER PÚBLICO DE LAS OFICINAS en que se desempeña la actividad judicial, y el delicado CARÁCTER DE LA MATERIA A TRATAR, para garantizar la seguridad de las mismas, es preciso disponer de un servicio de vigilancia, que pueda desempeñar sus funciones con una DOTACIÓN DE MEDIOS ADECUADA; solo así, podrán evitarse o neutralizarse ataques que pongan en peligro la integridad física de los funcionarios, pero también de los usuarios y todos los colectivos profesionales que transitan por estas instalaciones.
Partiendo de estas premisas, desde SPJ-USO no entendemos cómo es posible que en pleno S.XXI, en sedes judiciales como Carballo, Corcubión, Betanzos o Muros, no exista hoy en día ninguna forma de impedir que cualquiera entre portando objetos peligrosos. Efectivamente, en dichas sedes, no disponen aún de arco detector de metales, y aún tienen que revisarse los bolsos y efectos personales de los usuarios MANUALMENTE, por no haberse instalado aún el correspondiente escáner, sin que exista en la actualidad, ninguna medida en el control de accesos, más que el mero examen exterior de los usuarios por parte de los agentes de la guardia civil allí destinados, y las cámaras de seguridad que se instalaron no hace tanto tiempo. Tal y como están las cosas, en realidad podrías entrar en cualquiera de dichos edificios tranquilamente con un cuchillo o cualquier arma oculta, sin ser detectado. Si no hubo que lamentar más incidentes, no es gracias a la diligencia y al interés de la Dirección Xeral en este asunto, sino al BUEN HACER Y ESFUERZO DE LOS AGENTES DE LA GUARDIA CIVIL, DESTINADOS EN LOS MISMOS.
De hecho, la Administración es plenamente consciente de esta GRAVE CARENCIA: tirando de hemeroteca, es fácil rescatar diversas publicaciones en prensa a partir del año 2018, en las que la propia DXX se comprometió a realizar avances en este sentido. No obstante, a pesar de esas buenas intenciones, es obvio que en verano de 2021 aún seguimos estancados en lo que concierne a la seguridad de los Juzgados de los pueblos y Villas.
NO MÁS PROMESAS INCUMPLIDAS, exigimos a la DXX que retome su hoja de ruta tal y como se comprometió a hacer, y dote a estas sedes judiciales de una seguridad adecuada, completa y eficaz. Que no se discrimine más a los compañeros allí destinados.
