En el Día Mundial de los Refugiados, la Internacional de Servicios Públicos sigue reclamando el acceso universal y equitativo a las vacunas Covid-19 para lxs refugiadxs, lxs inmigrantes indocumentadxs, lxs solicitantes de asilo y lxs desplazadxs internos, en igualdad de condiciones que lxs nacionales.
Como voz de lxs trabajadorxs de los servicios públicos que están en primera línea prestando servicios de salud y de cuidado a las comunidades, la ISP insiste en que no es a través de la caridad que protegeremos a la población mundial o lograremos la equidad de las vacunas entre los países ricos y los pobres.
«El reciente compromiso de las naciones del G7 de proporcionar mil millones de dosis de vacunas Covid a los países pobres – que casualmente también acogen al 85% de los refugiadxs del mundo – debe ir necesariamente acompañado de una exención de los ADPIC y de la protección de la salud de las personas a nivel mundial, ya que esto último contribuirá a abordar las causas fundamentales de la pobreza, que es una de las razones por las que la gente busca refugio en los países ricos», afirma Rosa Pavanelli, Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos (ISP).
Seguimos siendo testigos de cómo la pandemia de Covid-19 ha ampliado y profundizado las desigualdades ya existentes y ha hecho aún más vulnerables a quienes ya lo son, como lxs refugiadxs, lxs solicitantes de asilo, lxs inmigrantes indocumentadxs y lxs desplazadxs internxs.
Tenemos que reconocer y valorar sinceramente a nuestrxs trabajadorxs de la salud y del cuidado, entre lxs que se encuentran lxs inmigrantes y refugiadxs con formación en el ámbito de la salud
«Ahora que los países están desplegando sus programas de vacunación, es crucial que nadie se quede atrás. El virus no reconoce el estatus de asilo, de refugiadx o de migrante. No discrimina, así que nosotrxs tampoco deberíamos hacerlo. Sólo podremos estar segurxs hasta que todxs lo estén», añade Pavanelli.
Las medidas del Covid han cerrado las fronteras y suspendido el asilo, dejando a lxs refugiadxs atrapadxs en las fronteras, detenidxs o acampadxs en malas condiciones. Lxs refugiadxs se enfrentan a barreras administrativas, financieras, legales y lingüísticas para acceder al sistema de salud. Son lxs primerxs en perder sus empleos o medios de vida, ya que suelen concentrarse en trabajos precarios e informales.
Es necesario levantar la suspensión de las solicitudes de asilo. La ISP acoge con satisfacción el aumento de la cuota de acogida de refugiadxs por parte de la administración Biden. Sin embargo, esto es sólo el principio. Por el contrario, en Europa se observa una tendencia profundamente preocupante de varios países que externalizan sus fronteras, subcontratando así sus obligaciones humanitarias y de derechos humanos a terceros países sobre la base de una relación desigual de utilización del comercio, la ayuda o el acceso a las vacunas a cambio del control de la migración. Esto es completamente inaceptable.
El impacto de la pandemia continúa desarrollándose, dejando un profundo impacto en nuestras economías y sociedades. A menos que aprendamos de verdad la lección de que unos servicios públicos bien financiados, dotados de personal y recursos adecuados son fundamentales para resistir las pandemias y otras crisis, sólo estaremos repitiendo los errores de la ideología neoliberal del pasado.
Además, tenemos que reconocer y valorar sinceramente a nuestrxs trabajadorxs de la salud y del cuidado, entre lxs que se encuentran lxs inmigrantes y refugiadxs con formación en el ámbito de la salud. Nuestrxs empleadxs de la salud y del cuidado deben ser protegidxs, valoradxs y remuneradxs adecuadamente. Tenemos que garantizar la integridad y la sostenibilidad de nuestros sistemas de salud públicos si queremos alcanzar nuestro objetivo de cobertura da la salud universal, para lo cual un componente esencial es llegar primero a lxs más rezagadxs.
