A juicio de la Unión Sindical Obrera el fallo evidencia la solvencia de las denuncias y posición de la Junta de Personal funcionario, que decidió no contaminarse con este proceso selectivo, probando las irregularidades que amparó el Ayuntamiento de Soria al comprobar que los criterios de transparencia, mérito e igualdad en el proceso selectivo forzaban, presuntamente, un resultado distinto del esperado por las concejalías de seguridad y personal.
Para la USO la sentencia es la punta del iceberg del denunciado enchufismo practicado desde hace años por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria, que ha logrado conformar una plantilla dependiente de su voluntad política, donde hacen carrera sus afines mientras se liquida la figura del funcionariado de carrera.
El fallo de este contencioso, promovido por uno de los aspirantes, viene a dar la razón a las denuncias públicas de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Soria, donde USO es el sindicato mayoritario, advirtiendo el deficiente proceder del tribunal calificador, que el sindicato supone presionado por el equipo de gobierno, afeando a este la desestimación del argumentado recurso de alzada del aspirante.
La sentencia recuerda al Ayuntamiento de Soria que “las bases de la convocatoria, cuyo carácter vinculante es para el tribunal calificador una verdadera Ley del proceso selectivo” y que “el principio de transparencia de los procesos selectivos, en lo que concierne a la publicidad de los criterios de calificación con anterioridad a la realización de los ejercicios o pruebas del proceso selectivo, está dirigido a garantizar la objetividad del proceso administrativo y el trato igualitario de todos los aspirantes, evitando la posibilidad de que una vez efectuados los ejercicios se modifiquen los criterios de calificación para beneficiar a algunos aspirantes…()”
Aprecia la sentencia un incumplimiento por el tribunal calificador de esta base de la convocatoria, al no hacer públicos los criterios aplicables a la valoración del ejercicio y aportando exclusivamente una nota global no motivada que apeó de golpe a todos los aspirantes presentados, entre los que no se encontraba el que motivó la denuncia de la junta de personal.
Llama la atención que los dos únicos miembros del tribunal que emitieron nota, si aprobaron al aspirante que luego tumbaron, en bloque, los demás.
USO lleva años denunciando la situación asfixiante que vive el Cuerpo de la Policia Local, reclamando la convocatoria urgente de las vacantes existentes en la actualidad, que suman ocho efectivos y que provocan constantes vulneraciones de los derechos de los funcionarios y funcionarias policiales, impropias de una administración pública.
El sindicato reclama un aumento de los efectivos policiales, en la misma dirección que contempla el CNP y que tenga en cuenta las nuevas funciones asumidas por el Ayuntamiento de Soria, por ejemplo en materia de asistencia a la violencia de género o las nuevas necesidades que se deriven de la inauguración del macro centro penitenciario y la ampliación de la ciudad, que debe acompasar, forzosamente, una redimensión de sus servicios de seguridad ciudadana.
En este sentido, USO considera vital y urgente dar continuidad al proceso selectivo para la provisión de la plaza de intendente de la Policía Local, retomando sin ánimo de venganza el proceso selectivo impugnado en los tribunales, que debe recalificar el último ejercicio practicado en base a las exigencias de la sentencia, abstrayéndose de pretender justificar las notas anteriores, recalificando a los aspirantes con criterios públicos y objetivos y dando continuidad al mismo, de resultar aprobados alguno o algunos de los cuatro aspirantes presentados.
USO insta al Ayuntamiento de Soria a no interferir en el proceso, lamentando que esta sentencia ponga negro sobre blanco un proceder demasiado frecuente en esta administración pública, que pasa por dar una mínima apariencia de legalidad a procesos presuntamente selectivos, manufacturados por la sastrería de trajes a medida de la concejalía de personal, que sigue alimentando la jungla laboral municipal, en contra de los principios constitucionales de acceso a la función pública y en beneficio del “yacimiento de empleo” que suponen los partidos en pro de la “parasitación” de sus afines en las administraciones públicas que gobiernan.
Finalmente el sindicato reclama de Teresa Valdenebro una valoración de la sentencia y una previsión urgente para el cumplimiento efectivo de la misma.
