El 21 de septiembre, los sindicatos del sector de la asistencia tomaron medidas contra los planes del gobierno flamenco de privatizar el sector público de la asistencia y el bienestar.
Según Rosa Pavanelli y Jan Willem Goudriaan, de la ISP y la FSESP, Flandes haría bien en aprender de las malas experiencias de otros países con la privatización de la asistencia a las personas mayores.
En todo el mundo, el virus Covid-19 ha puesto de manifiesto una crisis crónica en nuestro sistema de atención, y los pacientes y cuidadores se ven obligados a pagar el precio. La experiencia común de millones de trabajadores de primera línea representados por la Internacional de Servicios Públicos, en múltiples países, es que años de infrafinanciación y privatización no han hecho más que exacerbar la propagación del virus.
No hay más que ver la región de Ottawa, en Canadá, donde los cuidadores de las residencias privadas tuvieron que hacer frente a tasas de mortalidad de los residentes cuatro veces superiores a las de los centros públicos. O las historias que llegan de Australia, donde se tuvo que enviar al ejército para apoyar a las residencias privadas con escasez crónica de personal.
Los trabajadores de Flandes tienen razón al oponerse a más privatizaciones. Las muertes en las residencias belgas -el 39% de las cuales son de gestión comercial- representan más del 50% de la mortalidad total de Covid
En 1997, Australia aprobó una ley -similar a las propuestas que ahora se debaten en Bélgica- que permitía una rápida expansión de la asistencia privatizada. Desde entonces, se recortaron 9.800 millones de dólares de la atención a la tercera edad, lo suficiente para emplear a más de 200.000 nuevos cuidadores, duplicando efectivamente la fuerza de trabajo. En 2019, un comisario describió el sector australiano de la asistencia a la tercera edad como «en el mejor de los casos, una vergüenza nacional y, en el peor, una desgracia nacional.» ¿Es ese el tipo de ejemplo que Bélgica quiere seguir?
Estas historias no son coincidencias. Cuando entregamos el sector de la asistencia a la industria financiera, a las empresas de capital privado y a los multimillonarios, éstos hacen lo que mejor saben hacer: buscar formas de recortar costes, aumentar los ingresos y aumentar los beneficios. La agitación resultante puede no ser un problema cuando se trata de minoristas de juguetes o de empresas de co-working. Pero cuando se trata del cuidado vital de nuestros seres queridos, los resultados son desastrosos. El personal se reduce. Las comidas y las condiciones de vida empeoran. Se aprieta a más gente en espacios más pequeños. Los salarios se recortan o se congelan. Los contratos de larga duración desaparecen. Los sindicatos son marginados.
Imagina que encuentras a tu madre anciana desatendida en condiciones miserables en una residencia con poco personal. Ahora imagine que tiene que trabajar dos turnos como cuidador en la misma residencia durante una pandemia mundial, haciendo malabarismos con docenas de pacientes y tratando con familias afligidas: todo ello mientras se preocupa de que su exposición al virus pueda poner en peligro a sus propios seres queridos.
Nuestra experiencia demuestra que nunca son los especuladores financieros los que sufren las consecuencias. Son los seres queridos, obligados a pagar gastos mensuales cada vez más elevados. Son los cuidadores -en su inmensa mayoría mujeres- obligados a hacer más trabajo en equipos con poco personal por menos dinero. Y somos nosotros, los ciudadanos, los que nos vemos obligados a financiar las subvenciones de los contribuyentes necesarias para sostener los beneficios privados y los rescates necesarios cuando las cosas van mal.
Sabemos que las empresas privadas de atención sanitaria siempre hacen audaces promesas de mejor servicio, mayor calidad, menores costes o mayor eficiencia. Pero el hecho es que no hay ninguna investigación cualitativa que respalde sus afirmaciones. Un análisis comparativo en el que se examinan 40 estudios diferentes de todo el mundo, publicado en el British Medical Journal, concluye que «las residencias de ancianos sin ánimo de lucro prestan una atención de mayor calidad que las residencias con ánimo de lucro». Mientras tanto, los costes sociales y humanos más amplios del sector asistencial con ánimo de lucro -expuestos por esta crisis- son simplemente imposibles de cuantificar.
Cuando se enfrentan a las pruebas, los políticos afirman inevitablemente que «aquí las cosas serán diferentes». Dicen que una regulación inteligente, inspecciones, normas de calidad y contratos sólidos evitarán los malos resultados. Por supuesto, estas mismas medidas se han probado en otros lugares, incluido el Reino Unido, donde incluso los políticos conservadores admiten ahora que el sector puede necesitar volver a estar en manos públicas.
Ninguna regulación puede hacer frente a la realidad fundamental de que el cuidado de nuestros seres queridos no puede ni debe confiarse a especuladores financieros globales cuyo principal (y a menudo único) interés es la extracción de beneficios a corto plazo.
Los trabajadores de Flandes tienen razón al oponerse a más privatizaciones. Las muertes en las residencias de ancianos de Bélgica -el 39% de las cuales son explotadas comercialmente- representan más del 50% de la mortalidad total de Covid. En este contexto, es sencillamente indignante que muchos políticos -incluso en Flandes- propongan ahora una mayor privatización como remedio a la crisis, sin que haya pruebas que demuestren que ésta es la verdadera causa.
El cuidado es la base sobre la que existe la vida misma: y sobre la que nuestras economías son capaces de funcionar. La solución a la crisis de los cuidados es reconocer por fin el valor de los cuidados como bien social: y eso empieza por revalorizar a las personas cuyo trabajo hace posible los cuidados.
