El pasado 31 de enero entraba en vigor la nueva Ley de Tráfico, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 6/2015, que incluía varias modificaciones en el articulado respecto de la anterior, y a pesar de ello, el Ayto. de Badajoz no ha procedido a sustituir los rollos de papel para impresión de las denuncias en los dispositivos PDAs, los cuales se siguen utilizando según una orden interna de la Jefatura por la que se insta a los agentes a que las denuncias de infracciones de tráfico en las que la competencia sancionadora venga atribuida al Alcalde sigan realizándose preferentemente a través de estos dispositivos. Sí se han sustituido los boletines antiguos de denuncias por unos nuevos donde sí aparecen estos artículos modificados y actualizados, pero no los ya obsoletos rollos de papel de las PDAs, que según orden aún en vigor del Superintendente-Jefe, han de utilizarse de forma preferente para sancionar.
Así, a pesar de haberlo advertido los propios policías a la Jefatura, cuando se notifica a los ciudadanos una denuncia en el acto mediante este sistema PDA se les está informando de un procedimiento sancionador de tráfico basado en una normativa derogada. Por tanto, este tipo de denuncias que hayan sido notificadas por los agentes en el acto o hayan sido abonadas voluntariamente sin haber recibido ningún otro tipo de notificación podrían considerarse nulas de pleno derecho, y por lo tanto, serían fácilmente recurribles, conllevando incluso la consiguiente devolución del dinero por parte del organismo recaudador.
En los rollos actuales de las PDAs sigue apareciendo la delegación de competencias en el OAR del antiguo artículo 71 (que hoy debería ser el 84.4), así como otras relacionadas con la inaplicación de la reducción del 50% en determinadas infracciones muy graves que actualmente
se establecen en el artículo 77, y no en el artículo 65, como sigue apareciendo en la información que se desprende de las PDAs.
Desde USO consideramos este episodio una chapuza más de las tantas a las que nos tiene acostumbrado este consistorio, y por la que el Concejal de Policía debería dar explicaciones. Por muy maltrechas que anden las arcas municipales no es serio que cualquier método valga con tal de recaudar, por lo que animamos a los ciudadanos a que hagan valer sus derechos y reclamen en la medida de sus posibilidades, exigiendo al Ayuntamiento la anulación de estas sanciones y la devolución del importe de las mismas.
Por otro lado, USO lamenta que aún no se haya abonado a los policías el servicio que prestaron el pasado 20-D con motivo del dispositivo de las Elecciones Generales. Casi dos meses de retraso en un pago que debería estar suficientemente previsto por parte del organismo correspondiente,
mientras que diputados y senadores han “volado” para tomar posesión de sus actas y empezar a chupar del erario público.
