USO ha convocado una huelga en la Administración General de la Junta de Extremadura, debido al más que probable despido de miles de estos trabajadores temporales por las negociaciones que se están llevando a cabo entre Función Pública y sus sindicatos en la Mesa de Negociación.
La huelga, que podría afectar a más de 18.000 empleados, se llevará a cabo del 18 al 20 de mayo próximos, en una primera fase, y a continuación, los días 25 al 27, hasta convertirse en indefinida desde el 30 de este mes.
Como ya informamos, tras la aprobación el 29 de diciembre del año pasado, de la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad, las Administraciones Públicas pueden convocar procesos selectivos consistentes en concursos de méritos para facilitar la estabilización de las plazas en abuso de la temporalidad.
Pero, hace unos días, se convocó la Mesa de Negociación de la Administración General de la Junta de Extremadura, en la que Función Pública aportó un borrador de propuesta de aplicación de la Ley 20/2021 que retuerce y bordea los límites de la misma, con el objetivo, a nuestro juicio, de poder continuar con su cruzada contra el personal temporal en esta Administración.
En el citado borrador, no se contempla la valoración de méritos como la formación continua recibida durante años que está relacionada con las funciones a desempeñar en esos puestos de trabajo, y la valoración de la experiencia en el puesto de trabajo se limita al 40 por ciento de la puntuación total del proceso, cuando en otras Administraciones, como el Ayuntamiento de Badajoz, esta puntuación es del 90 por ciento.
Desde USO Extremadura advierten que este tipo de bases de convocatorias supondrá el cese de miles de empleadas y empleados públicos en abuso de la temporalidad, que llevan desempeñando durante décadas su trabajo de la mejor manera posible, y supondrá un nuevo gasto público innecesario en indemnizaciones por estos futuros ceses.
Por estas razones, USO convoca huelga en esta Administración y exige a la Junta de Extremadura que adopte de forma inmediata las medidas necesarias que resuelvan la problemática que afecta a los trabajadores temporales de la Administración General.
También reclama la aprobación de unas bases de convocatorias de procesos selectivos de estabilización que realmente primen la experiencia acumulada durante la relación laboral o funcionarial de las y los empleados públicos temporales en la Administración General de la Junta de Extremadura y favorezcan la estabilidad laboral de los mismos, siempre preservando el estricto cumplimiento de la Legislación vigente y el respeto a la misma.
Igualmente, solicita la elaboración de un censo donde se relacionen la totalidad de las plazas que están ocupadas de manera temporal y que están dentro del ámbito de aplicación de la Ley 20/2021, procediendo a publicar todas y cada una de ellas en las correspondientes ofertas de empleo público antes del día 1 de junio de 2022, según lo establecido en la citada Ley.
Asimismo, pide la suspensión de todas las convocatorias en las que no se haya publicado hasta la fecha la lista provisional de admitidos y excluidos, para proceder a la nueva convocatoria de las mismas según el ámbito de aplicación en el que se encuentren de la Ley 20/2021, en cumplimiento de lo dictado por el Tribunal Supremo en varias sentencias.
De igual modo, aboga por la modificación de las bases de las convocatorias en las que se hayan publicado las listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos adaptando los tipos de procesos selectivos establecidos en las mismas a lo recogido en la Ley 20/2021, es decir, procesos selectivos de concurso oposición con exámenes no eliminatorios.
USO también pide que no se utilicen situaciones de «debilidad», como la que sufren este colectivo de trabajadores, para potenciar el «enfrentamiento» con otros colectivos o con aspirantes a un puesto de trabajo en la Administración Pública, sino que se promuevan «soluciones satisfactorias para todos y cada uno de ellos y no la crispación y el enfrentamiento».
A colación de esto último, argumenta que, de la misma manera que los opositores tienen derecho a un puesto de trabajo en la Administración y el personal fijo a que se respeten sus derechos y acuerdos alcanzados en Mesa de negociación, como el abono de la subida del 2 por ciento y el segundo nivel de la carrera profesional, el personal temporal «también tiene derecho a que se cumpla la Ley y se facilite su estabilización en la Administración», concluye.
