La FSESP tuvo el placer de participar en una audiencia de los interlocutores sociales el 12 de mayo sobre el acceso a los servicios esenciales. Es la primera vez desde 2011 que se pone en marcha una amplia iniciativa sobre los servicios públicos, en seguimiento del Pilar Europeo de Derechos Sociales (EPSR) que dice (en el principio 20) que todo el mundo debe tener acceso a los «servicios esenciales» que incluyen, entre otros, el agua, el saneamiento, la energía, el transporte, los servicios financieros y los servicios digitales. La audiencia fue una oportunidad para intercambiar opiniones sobre el alcance y el contenido de un próximo informe de la Comisión previsto para el otoño que «mapeará» el acceso a los servicios esenciales en toda la UE.
No es de extrañar que muchos de los asistentes a la audiencia cuestionaran el concepto de servicios «esenciales» y señalaran que el EPSR menciona en otros lugares otros servicios que también pueden considerarse esenciales, entre ellos la asistencia sanitaria y social, la educación, los servicios postales o el transporte público. Aunque el próximo informe se centre en un número seleccionado de servicios, es importante ser coherente y tener en cuenta las interrelaciones entre estos servicios diferentes, pero todos esenciales. El camino para hacerlo ya se ha señalado. Un importante estudio realizado en 2020 por la Red Europea de Política Social (ESPN) concluyó acertadamente que, sea cual sea su definición, facilitar el acceso a lo que se consideran servicios esenciales «es una responsabilidad pública que conlleva obligaciones públicas». En todos los países existen marcos normativos que garantizan el acceso a determinados servicios, aunque rara vez se conceptualicen como servicios «esenciales». Estos marcos reguladores son importantes para ayudar a las personas vulnerables, pero también son clave para el buen funcionamiento de las economías y sociedades que nos benefician a todos.
Teniendo esto en cuenta, en la audiencia la FSESP señaló que la mayoría de los Estados miembros, si no todos, han recortado los servicios esenciales durante las últimas décadas y que esto ha tenido un impacto en particular en los hogares de bajos ingresos y los grupos vulnerables (véase, por ejemplo, las encuestas de calidad de vida de Eurofound). El próximo informe no debería limitarse a examinar las medidas para mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los servicios esenciales (como se propone en la nota de contexto de la audiencia), sino que también debería tener en cuenta el diseño, la financiación y la organización generales del servicio. Esto incluye el examen de los niveles salariales, las condiciones de trabajo, los niveles de seguridad del personal, las competencias y las aptitudes de los trabajadores de estos servicios, ya que son una parte intrínseca -no un pensamiento posterior- del diseño general y la calidad del servicio.
La audiencia también abordó el impacto de las políticas de la UE que abarcan algunos de los servicios que se incluirán en el informe de la Comisión, las denominadas industrias de red (electricidad, gas, telecomunicaciones, servicios postales, transporte) que han sido objeto de directivas de liberalización de la UE. La FSESP, UNI Europa y la ETF criticaron en el pasado que la Comisión Europea hiciera la vista gorda ante las crecientes evidencias del fracaso de la liberalización para reducir los precios y mejorar la calidad de los servicios. (véase el comunicado de prensa de 2007 y el artículo de la FSESP de abril de 2006) También se señaló que no sólo los hogares con bajos ingresos tienen dificultades para acceder a estos servicios esenciales. El aumento de los precios de la energía y la escasa provisión de Internet en muchas zonas son la prueba de que el marco regulador general no es «adecuado para el futuro». En la audiencia se señaló que Francia es uno de los pocos países en los que se han controlado los precios de la energía (algo que básicamente no permiten las directivas de la UE). Unos precios asequibles y estables no sólo son importantes para los consumidores, sino que toda la economía francesa se beneficia de una menor inflación.
También se hizo hincapié en que los derechos humanos deben sustentar el enfoque político de la UE y de los Estados miembros respecto a los servicios esenciales. Este era el objetivo de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) Right2Water, que hasta ahora ha conseguido bloquear la liberalización de los servicios de agua y saneamiento por parte de la UE, por ejemplo en la Directiva de Concesiones y en los recientes acuerdos comerciales de la UE. La ICE ha contribuido a garantizar que la política de la UE y de los Estados miembros en materia de agua y saneamiento tenga en cuenta un enfoque de derechos humanos. Lo que se considera esencial varía a lo largo del tiempo, como por ejemplo la banda ancha/internet o la atención social. Por ello, los marcos normativos tienen que garantizar que la UE y los Estados miembros dispongan de las herramientas necesarias para que esto sea una realidad para todos, estableciendo los derechos de los ciudadanos y las responsabilidades de los gobiernos y los proveedores de servicios.
