USO ha conseguido tres sentencias que ya son firmes y que reconocen el despido improcedente a tres trabajadores del Plan INFOEX.
En el mes de febrero de 2021 se produjo una reestructuración dentro del Plan INFOEX, donde se realizaba un cambio de grupo y de denominación a determinados puestos de trabajo de este servicio.
Esta reestructuración está recogida dentro de su «interminable» Plan Operativo de Recursos Humanos, reestructuración que ha sufrido innumerables improvisaciones por parte de la dirección del Servicio y de la Consejería de Agricultura y que refleja la falta de criterio y de un objetivo claro, a menos que este objetivo sea el debilitar este Servicio lo máximo posible y poder justificar de esta manera la externalización del mismo.
Los Juzgados de lo Social N.º 3 y N.º 4 de Badajoz y el Social N.º 2 de Cáceres, han sentenciado que el despido que sufrieron varios trabajadores del INFOEX con motivo de esta reestructuración es improcedente.
Desde la Consejería de Agricultura se les informó que los despedían, pero sin justificar claramente la causa de dicho despido, situación que desde los diferentes juzgados han considerado que adolece de una notable insuficiencia fáctica que la invalida y que consecuentemente determina la improcedencia del despido, ya que no se expresan los hechos concretos.
Esta forma de actuar sin respeto a los derechos de los trabajadores y la falta de transparencia en la Junta de Extremadura, ha derivado en el reconocimiento de estos tres despidos como improcedentes y el reconocimiento de unas indemnizaciones de 22.021,56 euros, 21.612,42 euros y 14.547,55 euros respectivamente para los afectados.
Desde USO animamos a los trabajadores y trabajadoras de la Junta de Extremadura a que defiendan sus derechos bajo el apoyo de sus siglas vista la indiferencia y docilidad con la que actúan determinadas centrales sindicales cuando se trata de reclamar a la Junta de Extremadura para que cumplan con sus acuerdos y con la Ley y, si es necesario, que acudan a los juzgados correspondientes para que la justicia se pronuncie sobre las graves irregularidades que se producen en sus condiciones laborales y retributivas, como son el no abono de la carrera profesional, el no abono de la subida del 2%, los falsos procesos de estabilización, etc.
