La emergencia climática, el aumento de las desigualdades y la pandemia del COVID-19 han reafirmado los fallos y las limitaciones del actual modelo neoliberal para responder a las crisis y garantizar una vida digna para todos. Es necesaria una transformación en la organización de nuestra economía para afrontar los retos a los que se enfrenta el mundo en la actualidad y crear sociedades justas, inclusivas, socialmente justas, equitativas y sostenibles.
Con este fin, actores de una amplia gama de movimientos, sectores y regiones se han movilizado en los últimos años para reclamar y reconstruir los servicios públicos como base de una economía justa y equitativa que funcione para todos. Los hitos clave han sido la primera conferencia mundial «El futuro es público», celebrada en Ámsterdam en 2019, que reunió a más de 400 participantes para debatir estrategias para devolver lo «público» a los servicios públicos y construir la propiedad pública democrática de la economía, y el lanzamiento del Manifiesto Global de la Sociedad Civil sobre los Servicios Públicos en octubre de 2021, firmado por más de 200 organizaciones.
Actores y organizaciones de todo el mundo miran ahora con gran atención y esperanza la experiencia de la Convención Constitucional chilena como un potencial punto de inflexión y símbolo de que un nuevo enfoque de la organización de las sociedades es posible. Esto hace que Chile sea un escenario adecuado para una reunión mundial de movimientos sociales, actores de la sociedad civil y líderes académicos y políticos para construir y reforzar alianzas, intercambiar ideas y desarrollar estrategias para reclamar los servicios públicos y democratizar la economía.
Como parte de una campaña más amplia, «Nuestro futuro es público», los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo se reunirán en Santiago de Chile para celebrar una conferencia de cuatro días con el objetivo de desarrollar estrategias y narrativas para fortalecer los servicios públicos para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales y hacer frente a los efectos del cambio climático.
Los dos primeros días se dedicarán a reuniones sectoriales sobre salud, educación, agricultura, justicia económica y protección social, energía, sistemas alimentarios, vivienda, transporte, residuos y agua; mientras que los dos últimos días reunirán a todos los movimientos y organizaciones participantes en la conferencia para un debate colectivo sobre temas transversales que incluyen la emergencia climática, la igualdad de género, la justicia económica y fiscal y la apropiación democrática.