El pasado 30 de septiembre se hizo pública la nueva propuesta del Ministerio de Hacienda sobre la subida salarial a los funcionarios. Probablemente sea la última oferta económica a la luz de las últimas noticias que indican que alguno de los sindicatos ya la habrían aceptado.
A modo de resumen, recordemos que en la primera propuesta se ofrecía una subida del 8 % a tres años. En esta última se vende una subida del 9,5 % que no es más que la inicial de un 8% y un compromiso de un 1,5% supeditado a unas condiciones variables macroeconómicas que se deberían dar hasta el año 2024.
En primer lugar, consideramos que ningún acuerdo de este tipo debe estar vinculado a unas variables que la experiencia demuestra que son muy volátiles y manipulables. En Galicia los distintos acuerdos firmados por SPJ-USO en ningún caso están vinculados a condiciones macroeconómicas variables. Son acuerdos cerrados con cláusulas de revisión automáticas establecidas de antemano.
Por lo tanto, lo único que “parece” claro es que hay una subida del 8% a tres años en un contexto actual de inflación de casi un 10 % y una previsión para este año 2022 de 8,5%.
En segundo lugar, en los últimos años (2018,2019 y 2020) las subidas en el sueldo de los funcionarios han sido de un 2% de media en un contexto de inflación inferior al 1% (1.20,0.80 y -0.50), lo cual deja la subida ofrecida en ridícula, puesto que nos ofrecen una subida casi idéntica con una inflación en la actualidad 5,6 o 7 veces superior.
En este contexto, llama poderosamente la atención que alguno/s de los sindicatos de la mesa general de función pública hayan convocado movilizaciones en el sector privado exigiendo una suba salarial equiparable a la inflación, mientras en el sector público acepten las condiciones ofrecidas por el gobierno. El propio secretario general de UGT afirmaba hace escasos días en RNE que “hacer aumentos salariales medios del 2,8 % con una inflación del 10 % es una tomadura de pelo”. SPJ-USO también coincide con él en su análisis que aplicado a la propuesta ofrecida por Hacienda se cae por su propio peso; salvo que a la función pública se le pueda tomar el pelo mientras que al sector privado no.
En definitiva, si comparamos la propuesta actual con la firmada por las mismas centrales sindicales en el año 2017 llegamos a la conclusión de que la oferta a la función pública sale tremendamente perjudicada. A mayores, la reforma fiscal anunciada por el Gobierno que consiste en una reducción del IRPF por tramos, prácticamente NO va a tener incidencia en el sector de justicia por lo que las cantidades propuestas por el ministerio de Hacienda podrían verse absorbidas por las modificaciones de los tramos del IRPF.
SPJ-USO entendemos que la subida salarial nunca debe ser inferior a la del sector privado y en todo caso, la subida salarial para todos los trabajadores de todos los ámbitos debe ser acorde a la inflación real y con cláusulas automáticas de actualización.
