Este domingo, 8 de enero, un grupo de terroristas bolsonaristas invadieron y depredaron la sede de los poderes de la República brasileña en un intento de golpe de Estado. El presidente Lula decreta la intervención federal en la seguridad del Distrito Federal, unidad federativa responsable de la seguridad de la capital. Casi 300 son detenidos.
Hace una semana, más de 200.000 personas ocuparon la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, la capital de Brasil, para asistir a la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, elegido democráticamente para su tercer mandato. Desde entonces, Brasil y el mundo han asistido a manifestaciones golpistas de alas más radicales del bolsonarismo, un movimiento inspirado y alentado por el expresidente Jair Bolsonaro. Estas amenazas alcanzaron su punto más grave este domingo, 8 de enero de 2023, exactamente una semana después de la gran fiesta democrática que juramentó a Lula, cuando golpistas invadieron y vandalizaron las sedes de los poderes de la República Federativa de Brasil, el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo (STF) y el Palacio de Planalto, este último sede del poder ejecutivo.
En el inicio de la tarde, los golpistas tomaron la plaza e irrumpieron en los edificios, vandalizaron el patrimonio público, símbolos de la democracia brasileña. Las imágenes muestran también que el grupo de terroristas llegó a la Explanada de los Ministerios escoltado por la policía militar y que la invasión de las sedes de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se produjo bajo una mínima resistencia policial. Las noticias apuntan a una posible omisión o incluso complicidad del gobernador y del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, exministro de Justicia de Bolsonaro, que fue exonerado pocas horas después de iniciada la intentona golpista.
Tras unas horas de invasiones y depredaciones retransmitidas en directo por los golpistas en los canales digitales y seguidas por la prensa mundial, las fuerzas de seguridad recuperaron inicialmente el control del Tribunal Supremo y del Palacio del Planalto y, poco después, de la Cámara Federal y de la sede del Senado. Hasta la siete de la noche de este domingo (08), al menos 300 terroristas habían sido detenidos.
El presidente Lula decretó la intervención federal en la seguridad pública del Distrito Federal como forma de restablecer el orden público. El secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, Ricardo Cappelli, fue nombrado interventor hasta el 31 de enero. Lula ya está en Brasilia y se reunirá con el gabinete de crisis para evaluar las consecuencias de la invasión y tomar medidas adicionales al decreto de intervención. Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados han ordenado la creación de un grupo de coordinación de crisis que se encargará de reorganizar el trabajo del Congreso, que ha sido convocado para interrumpir el receso parlamentario y regresar a Brasilia ya el lunes 9 de enero.
La Internacional de Servicios Públicos (ISP), sindicato mundial que representa a 30 millones de trabajadores en todo el mundo, repudia enérgicamente el ataque golpista en Brasilia orquestado por grupos que no aceptan el legítimo resultado electoral.
«Queda aún más claro el significado del Bolsonarismo: terroristas. Se hacen llamar patriotas, pero no son más que golpistas, vándalos, que no aceptan el Estado democrático de derecho. La ISP se une a todas las organizaciones democráticas del mundo en el repudio a este acto fascista y exige castigo a los responsables, en particular a los dirigentes políticos y financiadores de estas manifestaciones golpistas», dijo el secretario regional de la ISP para Interamérica, Jocelio Drummond.
«No aceptaremos que se falte al respeto al resultado legítimo de las elecciones en Brasil y se utilice como argumento para intentos golpistas criminales. Defendemos todas las formas de manifestación, siempre que sean pacíficas y legítimas, que no es el caso. Defenderemos el diálogo social y el respeto a las instituciones democráticas, pero nunca admitiremos la impunidad. Seguiremos luchando por las agendas sindicales y por servicios públicos de buena calidad, ante el gobierno electo y legítimo», dijo la subsecretaria regional de la ISP para Brasil, Denise Motta Dau.
