Los trabajadores de los servicios públicos fueron aclamados como «héroes» durante la pandemia de Covid-19. Sin embargo, muchos gobiernos no reconocieron su labor aumentándoles el sueldo o financiando adecuadamente nuestros servicios públicos.
Los trabajadores necesitan más inversión pública, niveles seguros de dotación de personal, condiciones de trabajo y salarios decentes. Los gobiernos y las élites en el poder de muchos países se niegan a ceder.
Tras años de recortes, privatizaciones, austeridad y ataques a los servicios públicos y a sus trabajadores, el personal de primera línea se enfrenta ahora a la escalada de los precios de la energía, el aumento de la inflación y el coste de los productos básicos. Se ven obligadxs a soportar la carga solos, sin que las empresas ni los gobiernos tomen medidas.
Un levantamiento social por los servicios públicos, contra la injusticia social
La injusticia que pueden soportar lxs trabajadores de los servicios públicos tiene un límite y, junto con sus sindicatos, están tomando las calles en acciones industriales masivas. Y los usuarixs de los servicios públicos, la sociedad civil y otros trabajadores están junto a ellxs.
Desde las históricas huelgas de los trabajadores de la salud y la asistencia social, los profesores y los trabajadores de la educación, los bomberos, el transporte y el personal de las agencias nacionales de medio ambiente en el Reino Unido, hasta millones de personas en las calles de las principales ciudades de Francia para luchar contra la injusta reforma de las pensiones; desde Norteamérica, donde los profesores están en huelga, hasta España y Suiza, donde el personal hospitalario y de enfermería está harto, los trabajadores de los servicios públicos y sus sindicatos están protagonizando una serie de acciones sindicales continuas, que no se habían visto, en algunos casos, desde hace más de 50 años.
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Reacciones represivas del Gobierno y de los empresarios
En Francia, el Gobierno está impulsando una nueva reforma de las pensiones que penaliza de forma abrumadora a lxs trabajadores de bajos ingresos y escasa cualificación con trabajos penosos, contratos precarios y carreras intermitentes o incompletas, entre los que las mujeres son mayoría. En consecuencia, los sindicatos franceses -incluidas todas las afiliadas a la CGT, la CFDT y la FO ISP- están contraatacando con un frente unido, sacando a millones de personas a la calle y proponiendo soluciones alternativas, más equitativas desde el punto de vista social, incluida la obtención de una contribución más justa de las poderosas empresas multinacionales del CAC40 para garantizar una jubilación sostenible sin penalizar, una vez más, a los trabajadores y a los más vulnerables. Sin embargo, el gobierno francés se mantiene firme en el aumento de la edad y pretende sacar adelante la reforma sin debate parlamentario.
En el Reino Unido, los sindicatos han estado luchando contra un gobierno decidido a recortar los derechos de los trabajadores. En lugar de abordar los problemas subyacentes, el gobierno de Sunak propuso el «proyecto de ley anti huelga», que limitará gravemente la capacidad de los trabajadores, en particular los de los servicios públicos, para emprender acciones sindicales. El proyecto de ley otorgará al Gobierno británico el poder de establecer «niveles mínimos de servicio» para seis servicios públicos clave: educación, transporte, salud, bomberos y rescate, desmantelamiento de instalaciones nucleares y gestión de residuos radiactivos y seguridad fronteriza.
En el proyecto de ley no se detalla el límite de estos «niveles de servicio»: el poder de fijar el nivel se otorga al Gobierno, que puede introducir una legislación que imponga restricciones sin acuerdo con los sindicatos. Es evidente que el Gobierno pretende obligar a algunos trabajadores que han votado democrática y legalmente a favor de la huelga a ir a trabajar los días de huelga.
