Cuando la consellera de Administraciones Públicas, Catalina Cladera, manifestó en sede parlamentaria que una de las medidas mas injustas que hay en el decreto 5/2012 del anterior gobierno, es la rebaja del complemento de Incapacidad Temporal «una medida muy dura que creemos que es un ultraje hacia los funcionarios; para atacar el absentismo laboral se criminaliza a los funcionarios»
Ahora resulta que el Director General de Función Publica, Pedro Jimenez, quiere mantener la «criminalización» de los empleados públicos CAIB cuando manifiesta que «las garantías se producirán si las bajas por Incapacidad Temporal tienen una duración igual o superior a 7 días» y, las que no alcancen ese periodo de tiempo se seguirán penalizando económicamente, como hasta la fecha.
Desde USO entendemos que este nuevo «híbrido restrictivo» sigue penalizando injustamente al conjunto de empleados públicos al servicio de esta administración CAIB y por ello EXIGIMOS al Director General que acate las manifestaciones expresadas por su consellera Cladera y restablezca, de forma inmediata, las condiciones de protección y garantía de la contingencia de I.T. que ya tenían los empleados públicos de esta administración con anterioridad a la crisis, así como el resto de condiciones de trabajo eliminadas o suspendidas por el restrictivo decreto ley autonómico 5/2012
