La incapacidad de los organismos de defensa de la competencia de la UE para evaluar y abordar el impacto del creciente poder de las empresas sobre los trabajadores está contribuyendo a reducir el empleo, los salarios y las condiciones de trabajo, según muestra un nuevo informe de expertos para la Confederación Europea de Sindicatos (CES).
El poder de las empresas ha alcanzado un máximo histórico, y las políticas de competencia hacen poco por invertir esta tendencia, permitiendo a las empresas golpear a los consumidores con subidas de precios excesivas y a las empresas dominantes ejercer una presión a la baja sobre los salarios y las condiciones de trabajo.
Además de las anteriores políticas de austeridad de la UE, que redujeron la cobertura de la negociación colectiva, las actuales políticas de competencia debilitan la capacidad de los trabajadores para negociar una participación justa en los beneficios empresariales. Esta creciente asimetría entre el poder de las empresas y el de los trabajadores tiene un impacto directo en la distribución de la renta, lo que conduce a mayores niveles de desigualdad en la UE.
El estudio de la CES, que demuestra las deficiencias de las políticas de competencia centradas únicamente en la eficiencia empresarial y los intereses de los consumidores, subraya la necesidad de examinar las políticas de competencia de la UE desde la perspectiva del mercado de trabajo.
El informe, que se puede descargar aquí, recomienda que la Comisión debería aplicar una prueba que evalúe cualquier riesgo de relación excesivamente desequilibrada entre las empresas y su mano de obra en cualquier decisión sobre fusiones.
La introducción de remedios de comportamiento, como una mayor cobertura de la negociación colectiva y el reconocimiento de los sindicatos, para reequilibrar las relaciones de poder en el mercado laboral.
Deben rechazarse las fusiones cuando el monopsonio en el mercado laboral no pueda resolverse mediante soluciones conductuales.
El control de las ayudas estatales debe incluir condicionalidades sociales que obliguen a las empresas que reciben ayudas públicas a demostrar que contribuyen a la creación de empleos de calidad, buenos salarios y una transición justa para los trabajadores.
La introducción de una prueba de interés público en la legislación sobre competencia, que tenga en cuenta la capacidad de las empresas para aplicar precios superiores al coste marginal de producción u obtener beneficios extraordinarios.
Isabelle Schömann, Secretaria Confederal de la CES, ha declarado:
«El poder de las empresas está en su punto más alto, lo que permite a las empresas subir sus precios y beneficios al mismo tiempo que mantienen bajos los salarios y las condiciones de trabajo.
«La crisis del coste de la vida causada por una combinación de ‘inflación de la codicia’ y bajos salarios muestra las consecuencias perjudiciales del exceso de poder empresarial para la mayoría de los ciudadanos europeos.
«Europa necesita urgentemente un reequilibrio de poder entre los consejos de administración y los trabajadores, pero la actual política de competencia de la UE no está a la altura de las circunstancias.
«Las directrices antimonopolio de 2022 de la Comisión sobre los convenios colectivos de los autónomos representan un paso en la dirección correcta, pero los intereses de los trabajadores deben tenerse en cuenta en todos los ámbitos de la aplicación de la normativa de competencia.
«El control de las fusiones, la defensa de la competencia y las ayudas estatales no puede seguir realizándose sin tener en cuenta a los trabajadores y el impacto más amplio en la economía y la sociedad. Las reformas de la competencia son necesarias no solo a la luz de las transiciones digital y ecológica, sino también para garantizar unos mercados socialmente más responsables.»
