Los Gobiernos no pueden abandonar a los trabajadores retirando su apoyo financiero a la OIT

La CSI, de la que USO forma parte, ha hecho un llamamiento a los Gobiernos de todo el mundo para que asuman sus responsabilidades para con los trabajadores y las trabajadoras mediante la aprobación del presupuesto 2024-2025 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el organismo de la ONU encargado de proteger los derechos de los trabajadores, en el marco de una votación decisiva que tendrá lugar a principios de la semana del 12 de junio de 2023 en Ginebra.

La CSI, la mayor organización mundial de trabajadores, recuerda a los Gobiernos que los trabajadores y los empleadores confían en la OIT para garantizar que el mundo del trabajo goce de reconocimiento internacional, para velar por que las normas internacionales sobre los derechos de los trabajadores se apliquen en todos los países y para ayudar a los Gobiernos y a los interlocutores sociales a optimizar el funcionamiento de sus mercados e instituciones laborales.

Luc Triangle, secretario general en funciones de la CSI, ha declarado:
“Los trabajadores y las trabajadoras de todo el mundo dependen de la OIT para garantizar el respeto de sus derechos y situar la justicia social en el centro de los debates mundiales. Si los Gobiernos dejan de financiar a la organización, por la razón que sea, los trabajadores serán los más perjudicados. Los trabajadores que se enfrentan al desempleo, a la pobreza y a la represión no perdonarán a los Gobiernos que les abandonen.

Así pues, solicitamos a todos los Gobiernos que reconozcan sus obligaciones internacionales y nacionales y aprueben el presupuesto elaborado conjuntamente por los empleadores, los trabajadores y los Gobiernos. No puede haber más retrasos, ni más dilaciones. Hay que actuar ya”.

Sin una mayoría de dos tercios de los votos a favor del Programa y Presupuesto de la OIT para 2024-2025 en esta sesión plenaria de la Conferencia Internacional del Trabajo, la OIT se quedaría sin fondos para funcionar, en particular para pagar los salarios y ejecutar sus programas, a partir del 1 de enero de 2024.

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