El informe COVID-19 del Parlamento Europeo señala acertadamente los problemas de los trabajadores sanitarios y asistenciales, pero es menos ambicioso en sus recomendaciones generales para el futuro.
El 12 de julio de 2023, el Parlamento Europeo aprobó un informe sobre las lecciones aprendidas de la pandemia COVID-19 y recomendaciones para el futuro. El informe fue presentado por el comité designado creado por el Parlamento el año pasado, una decisión bien acogida por la FSESP y otras organizaciones que reclamaban un foro específico para debatir las lecciones aprendidas de la pandemia. El mandato del comité era presentar un informe basado en las lecciones aprendidas y hacer propuestas para mejorar la gestión de crisis de la UE y la preparación para futuras emergencias.
El informe sigue iniciativas similares de organizaciones europeas y paneuropeas, como el informe OMS-Europa: Extraer las primeras enseñanzas de la pandemia: Una nueva estrategia de salud y desarrollo sostenible, la Comunicación de la Comisión titulada Extraer las primeras enseñanzas de la pandemia COVID-19, así como diversos informes y posiciones de la FSESP, también en el ámbito de la sanidad y los servicios sociales.
El informe del Parlamento Europeo dedica una sección al importante papel de los trabajadores sanitarios y asistenciales titulada «Impulsar la mano de obra sanitaria y social en la UE para estar preparados ante la próxima crisis» (párrafos 130 a 143). La sección identifica acertadamente los problemas que hicieron que el sector sanitario y social no estuviera preparado para la pandemia. El informe afirma que «en todos los Estados miembros no se ha dado prioridad a la inversión en sanidad pública, lo que ha provocado escasez de personal, efectos negativos generales en este ámbito y, en consecuencia, bajos niveles de resistencia de los sistemas y servicios de sanidad pública ante nuevas posibles emergencias y la transición demográfica». Se hace eco de las antiguas reivindicaciones de la FSESP en favor del enfoque integrador de los servicios sanitarios y sociales. Por ejemplo, el Parlamento «reitera que la UE tiene que asumir un papel más fuerte en la guía y orientación de la mejora de la salud pública, ya que todos los Estados miembros deben considerar la salud pública y la asistencia social como una prioridad para las inversiones públicas y no como un coste que hay que minimizar; subraya que la mejora de la salud de la población es una inversión estratégica y una obligación moral para nuestras sociedades y economías y, por lo tanto, pide a la UE y a los Estados miembros que reconozcan el papel esencial de la sanidad pública». El informe también subraya la importancia de la atención primaria.
Sin embargo, la sección dedicada al personal sanitario y de asistencia social -la columna vertebral del sector- sólo ocupa 19 de los 616 párrafos del informe. Estos párrafos clave tampoco encuentran eco en las recomendaciones presentadas al final del informe. Además, el informe no menciona a los interlocutores sociales (sindicatos y organizaciones patronales) ni hace referencia alguna al papel crucial que desempeñaron tanto durante como después de la pandemia, ni al que sin duda tendrán que desempeñar en futuras emergencias sanitarias. La pandemia demostró lo importante que era la cooperación conjunta entre gobiernos e interlocutores sociales para responder a la crisis. También demostró cómo la negociación colectiva puede hacer que el sector sea más resistente al hacer frente a la escasez de personal. El informe del Parlamento Europeo reconoce en cierta medida el papel de la negociación colectiva y «subraya que los salarios y las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios son factores que contribuyen actualmente a la escasez de personal en la UE; pide a los Estados miembros que apliquen la Directiva (UE) 2022/2041, que exige la elaboración de planes nacionales para mejorar la cobertura de la negociación colectiva en el sector de la asistencia sanitaria y social».
En cuanto a las recomendaciones sobre el papel de la industria farmacéutica y los derechos de propiedad intelectual en relación con el acceso a vacunas y medicamentos cruciales (incluidas las numerosas demandas de la denominada exención ADPIC), la posición de compromiso del informe es decepcionante. El papel estratégico del sector público debería haberse subrayado y destacado en las recomendaciones finales.
En general, aunque el informe es ambicioso y exhaustivo al centrarse en la salud; un enfoque coordinado con respeto a la democracia y los derechos fundamentales; el impacto social y económico; y la UE y el mundo, las recomendaciones podrían haber sido más precisas y orientadas al futuro.
