El Sindicato Profesional de Justicia de USO (SPJ-USO) denunció la pasada semana que el Ministerio aplicó descuentos “salvajes” en las nóminas de los funcionarios en huelga, sin cumplir con la normativa legal.
En muchos casos, funcionarios con un salario aproximado de 1.700 euros, tan solo han percibido alrededor de 500 euros, sin respetar, al menos, el abono del salario mínimo, denuncian desde SPJ-USO, tal y como determinan la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (art. 169.1 y 5); el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación (art. 82) y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 607).
Venganza hacia los trabajadores en huelga y ataque a las economías familiares
Estos descuentos desproporcionados suponen “una venganza hacia las movilizaciones protagonizadas por sus funcionarios y funcionarias, en las que han reclamado que el Ministerio les oiga, que dialogue también con ellos, como ya hizo antes con los Cuerpos y Carreras superiores de la Administración de Justicia”.
En un comunicado, SPJ-USO critica este comportamiento, “que no es propio de representantes de una institución del Estado, en este caso, el Ministerio de Justicia, que ha comprimido de una sola vez todos los descuentos por huelga a sus trabajadores, atacando directamente las economías familiares de quienes han ejercido su derecho a huelga”.
Los trabajadores afectados por esta decisión del Ministerio se ven ahora con sus retribuciones confiscadas, “sin respetar las restricciones legales que limitan el importe del expolio salarial, y sin que se les haya dado a conocer la resolución administrativa, motivada y transparente, que así lo determine, tal como exigen la Constitución y la ley con el objetivo de propiciar el derecho de defensa de la ciudadanía”, insisten.
