EPSU: El informe de Eurofound se hace eco de las demandas de la FSESP

Eurofound ha publicado recientemente el informe de investigación «Condiciones de vida y calidad de vida – Servicios sociales en Europa: Adaptarse a una nueva realidad», centrado en el impacto que la pandemia tuvo en los servicios sociales, las lecciones que aprendimos de ella y cómo puede hacer que los servicios sociales sean más resistentes en el futuro.

La pandemia afectó a los servicios sociales de muchas maneras diferentes y está claro que los servicios sociales estaban mal preparados para una crisis como la pandemia. El aumento de la demanda de servicios sociales durante la pandemia causó un mayor estrés tanto a los usuarios como a los proveedores del servicio. La pandemia provocó una necesidad urgente de digitalización en todos los sectores. Sin embargo, aunque por término medio el sector sanitario está más digitalizado que otros sectores, uno de cada cinco trabajadores sanitarios no utiliza ningún dispositivo digital. También fue muy difícil transferir a un servicio digital los servicios sociales que antes se prestaban cara a cara.

Según el informe, los servicios sociales estaban especialmente mal preparados en cuanto a capacidad médica, disponibilidad de equipos médicos y equipos de protección personal. Esto, unido a las deficiencias estructurales preexistentes en el sector de los servicios sociales, como la falta de financiación, la escasez de personal y las malas condiciones de trabajo, y a las dificultades para garantizar la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad de los servicios, afectó negativamente al funcionamiento general del sector. El informe menciona que la pandemia no debe ser vista como un caso aislado que perturbó el funcionamiento de los servicios sociales, sino que las debilidades estructurales dentro de los servicios sociales que salieron a la luz debido a la pandemia.

Durante las dos últimas décadas, el gasto social (todo el gasto, tanto público como privado, en políticas y actividades relacionadas con la protección social) en la UE se ha mantenido estable. En 2020, durante el pico de la pandemia, el gasto social en la UE alcanzó un máximo, con un 34,9% del PIB, del que 8 unidades porcentuales se destinaron a sanidad. En 2021, el gasto social fue ligeramente inferior, pero siguió representando el 33,4% del PIB. En comparación con la crisis financiera de 2008-2012, en la que las instituciones europeas y los Estados miembros tuvieron que aplicar medidas de austeridad para estabilizar la economía, la pandemia fue un tipo de crisis diferente y, por tanto, exigió medidas distintas. La pandemia desplazó el foco de atención hacia la investigación de una sociedad más fuerte, más verde y más resistente, lo que será útil para futuras crisis y los riesgos sociales que se deriven de ellas.

Los retos a los que tuvimos que enfrentarnos tras la pandemia, la invasión rusa de Ucrania, la crisis energética y el aumento de la inflación ponen de manifiesto que necesitamos reforzar la resiliencia de los servicios públicos y de la sociedad. Los servicios sociales deben adaptarse a esta nueva realidad participando proactivamente en la aplicación de políticas y medidas que contribuyan a este objetivo. Así pues, para garantizar que el sector de los servicios sociales sea más resiliente y esté mejor protegido frente a futuras crisis, la prioridad número uno debe ser contar con planes de contingencia claros, así como con metodologías para evaluarlos. El informe también pide que se incluya a los proveedores de servicios sociales en la evaluación de necesidades y la planificación de políticas. También es necesario evaluar tanto la formación de los trabajadores de los servicios sociales para asegurarse de que es pertinente y accesible, como el papel y el potencial de la digitalización en los sectores de servicios sociales. Debe reevaluarse la concienciación en materia de salud y seguridad en los centros de asistencia, y deben integrarse medidas de apoyo para los trabajadores de los servicios debido a la demanda emocional. También deberían mejorarse los procedimientos de acceso de los servicios sociales a los mecanismos de financiación, tanto a nivel nacional como de la UE.

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