La Unión Sindical Obrera exige soluciones inmediatas a los graves déficits que arrastra la Administración de Justicia en la provincia de Córdoba. Las ”carencias de recursos humanos y materiales se han visto agravadas por el retraso durante más de 15 años en la puesta en marcha de una nueva sede judicial”, ha afirmado Domingo Castillo, secretario general de la Federación de Empleados Públicos de USO en Córdoba.
En paralelo, el sindicato denuncia la progresiva privatización de la Administración de Justicia en Andalucía, de la cual es claro ejemplo el modelo de financiación mediante el cual se están ejecutando las obras de la Ciudad de la Justicia en Córdoba, así como las previsiones de gestión y mantenimiento del edificio en los próximos 25 años. La externalización de servicios que debieran realizarse desde la Función Pública para garantizar la mayor objetividad y ecuanimidad es otro exponente de esta deriva privatizadora.
El sindicato considera un fracaso político y económico de la Junta el modelo de financiación y gestión privados de la Ciudad de la Justicia
USO viene denunciando, año tras año, las graves deficiencias de la Justicia en Córdoba y, por extensión, en toda Andalucía: la acuciante falta de medios materiales y personales, agravada por la no cobertura de vacantes ni de bajas por enfermedad hasta pasado tres meses; la nula tasa de reposición de efectivos por la no convocatoria de oposiciones ni de concursos entre el personal laboral; el deterioro de las sedes judiciales; el incumplimiento de la normativa de higiene, seguridad y prevención de riesgos laborales, la contratación externa de servicios, etcétera.
MEMORIA TSJA 2015. NECESIDADES PROVINCIA CORDOBA RECURSOS HUMANOS.
SPJ-USO considera que Córdoba y provincia necesita la creación de 5 órganos judiciales más, la creación de unas 100 plazas nuevas, la creación de nuevos refuerzos que ciframos en unos 15, incrementar la plantilla en los órganos judiciales que se crearon con solo 4 funcionarios. Todo este incremento de recursos humanos deberá ir acompañado de la creación de más plazas de jueces y letrados del estado.
Estas deficiencias están afectando, además de ámbitos jurisdiccionales, también en el funcionamiento de los EQUIPOS PSICOSOCIALES: en el ámbito de Familia, Menores y Violencia de Género, donde funcionarios y equipos técnicos no dan abasto para atender todos los requerimientos que se les demanda y los retrasos en la instrucción judicial llegan a provocar daños irreparables en las víctimas o afectados por conflictos.
“La Administración de Justicia en Andalucía no alcanzará nunca las ratios de respuesta que la ciudadanía demanda sin la mejora de instalaciones y medios y, ante todo, sin la ampliación de plantillas, cada año más mermadas y, por consiguiente, soportando sobrecargas de trabajo cada año mayores”, ha concluido el secretario general de FAC-USO Córdoba.
Fracaso político y financiero de la Junta
La ejecución de las obras de la Ciudad de la Justicia en Córdoba, reivindicación largamente esperada por todos los agentes judiciales, y largamente anunciada por la Junta de Andalucía, “si bien constituye una esperanza a largo plazo, no supone una solución inmediata a los graves déficits que arrastra este servicio público en la provincia, donde las carencias se han visto agravadas por el retraso durante más de 15 años en la puesta en marcha de una nueva sede judicial que venga a corregir la dispersión y deficiencias de todo tipo que padecen las viejas infraestructuras”.
Así se ha manifestado Domingo Castillo al término de una reunión informativa mantenida por los representantes sindicales con técnicos de la Junta de Andalucía, en respuesta a la petición de este sindicato, que semanas atrás se quejaba públicamente de la falta de información sobre el desarrollo de las obras de la Ciudad de la Justicia.
Por otra parte, este sindicato considera un fracaso político y financiero que la Consejería de Justicia e Interior haya persistido en la fórmula de financiación público-privada para construir el nuevo Palacio Judicial. En último término, esta solución representa “pan para hoy y hambre para mañana”, ya que el proyecto supondrá a las arcas de la Junta de Andalucía casi el cuádruple de su presupuesto de construcción.
Según la información facilitada a los representantes sindicales en la Junta de Personal de Justicia y en el Comité de Empresa de la Delegación del Gobierno, la UTE Complejo Judicial de Córdoba S.A.asume una inversión inicial de 55 millones de euros para poner en pie el edificio y, una vez construido, se encargará de su explotación, gestión y mantenimiento durante 25 años. Tras este periodo pasará a ser propiedad de la Junta. Por tanto, el alquiler del inmueble para uso judicial durante un cuarto de siglo tendrá un coste de 205 millones de euros. A razón de 8,2 millones de euros por año.
Hasta ahora, la inversión anual en alquiler de sedes judiciales supera el millón de euros, aunque se trata de edificios dispersos y obsoletos, según ha reconocido el Gobierno andaluz en ocasiones previas para justificar el elevado coste del modelo de financiación elegido.
En suma, “un coste desorbitado, que pagaremos todos los andaluces en los próximos 25 años, después de una larguísima espera”, para una de las infraestructuras más demandada en la última década en Córdoba.
LA CONSEJERIA MIENTE A LOS TRABAJADORES. FINALMENTE NO CONTEMPLA SERVICIO DE GUARDERIAS.
El sindicato lamenta, igualmente, que el proyecto no contemple el compromiso adquirido por la Junta cuando se presentó la maqueta del edificio, hace más de diez años, respecto a la implantación de una guardería para hijos de los trabajadores, con el fin de facilitar la conciliación de vida laboral y familiar.
