El Comercio Justo es un sistema comercial solidario y alternativo al convencional que persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza.
Pero esta definición acorde al comercio Sur Norte hay que revisarlo y replantearlo con el cambio que introducen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estamos en un mismo mundo y debemos lograr un desarrollo compartido, cohesionado. La lucha contra la pobreza y la desigualdad y comprender que estamos en el mismo planeta con sus limitaciones naturales, hacer frente al cambio climático y preservar la vida, forman un todo.
Por eso hay que incidir en el consumo.
Al planteamiento de la necesidad de un comercio justo, hay que complementarlo con un consumo responsable y una minimización de residuos, reciclaje y reutilización.
Para esto último, hay ya toda una industria. Y los estados favorecen esas dinámicas ciudadanas.
Pero, ¿hay preocupación por parte de los gobernantes en un cambio en el consumo, en la durabilidad de los bienes que consumimos, para lograr mejor una sostenibilidad y eficiencia?
Aquí entra de lleno la problemática de la obsolescencia programada, definida en la wipipedia como programación del fin de lavida útilde unproducto, de modo que, tras un período de tiempo calculado de antemano por el fabricante o por laempresadurante la fase dediseño de dicho producto, este se torneobsoleto, no funcional, inútil o inservible. Su función es hacer pagar al consumidor dos o más veces por medio de productos degradables o, más paladinamente, «productos basura» o de necesaria y continua actualización que generen relaciones deadicción(en términos comerciales, «fidelización», como en el caso delsoftware) que redundan en beneficios económicos sensibles para empresas sinética.
Por eso ha sido muy oportuno que cerca del día del comercio justo, el Consejo Económico y Social Europeo (CESE) haya publicado un estudio The Influence of Lifespan Labelling on Consumers [Influencia del etiquetado de la vida útil de los productos en los consumidores] donde se recoge que los europeos han demostrado claramente su oposición a la obsolescencia programada.
Los consumidores son partidarios en general de los productos que garantizan una vida útil más larga. El estudio titulado, realizado en Bélgica, República Checa, Francia, España y los Países Bajos, con cerca de 3 000 participantes, ha analizado cómo el simple hecho de indicar la vida útil de los productos –y las maneras de mostrar esta información– influye en las intenciones de compra de los consumidores.
El estudio destaca que los participantes franceses son los más sensibles a la información sobre la vida útil que se presenta en los productos (+118 % de incremento de las ventas con información sobre la vida útil), mientras que los belgas, neerlandeses (+45 %), checos (+39 %) y españoles (+32 %) no lo son tanto.
El estudio indica que los tipos de etiquetado son importantes. La clasificación A a G (basada en el consumo energético) es la más eficaz y aumenta las ventas en un 84 % cuando se indica.
El estudio también pone de relieve la dimensión social de la obsolescencia programada: las personas de renta baja son más vulnerables y propensas a convertirse en víctimas de la obsolescencia programada, ya que a menudo han de comprar productos más baratos y menos fiables.
El 80 % de los participantes cree que los productores tienen una gran responsabilidad sobre el ciclo de vida, porcentaje que alcanza el 95 % y el 91 % de los encuestados en la República Checa y Francia, el 81,8 % en Bélgica y en los Países Bajos y el 75,1 % en España.
Esto coincide con la posición del CESE, que en 2013 emitió un dictamen titulado «Por un consumo más sostenible: la duración de la vida de los productos industriales y la información al consumidor para recuperar la confianza». En efecto, un etiquetado claro que indique la vida útil mínima garantizada del producto contribuye a mejorar la confianza de los consumidores en las empresas y, en última instancia, a pasar de una sociedad de despilfarro a una sociedad sostenible. El CESE es partidario de obligar a los fabricantes a hacerse cargo de los costes de reciclaje de productos que duren menos de cinco años.
