En un comunicado, la Sección Sindical de FAC-USO en el Ayuntamiento de los Barrios, informa que con fecha 8 de febrero de 2018, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz ha trasladado al Ayuntamiento un requerimiento por irregularidades en las condiciones de trabajo de los operarios de servicios múltiples que se ocupan de la limpieza de los colegios, así como por la falta de material, medios y equipamiento para el desarrollo de su labor en cuanto a seguridad, idoneidad y eficiencia.
En una visita girada el 16 de enero de 2018 a los centros docentes Maestro Juan González y San Isidro Labrador, la inspección constató y registró en acta que los productos de limpieza empleados por dichos operarios no se encuentran correctamente etiquetados; que en las dependencias en las que trabajan no disponen de las fichas informativas sobre los productos que han de emplear y que no se reponen con la regularidad necesaria los equipos de protección individual para que estén a disposición de los trabajadores cuando los precisan.
La iniciativa que dio lugar a esta actuación partió de la representación de la organización Unión Sindical Obrera (USO) en la plantilla del Consistorio barreño, con una denuncia formulada el 1 de junio de 2017.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, la Inspección advierte al Ayuntamiento de la obligación que tiene la empresa de informar a los trabajadores sobre el material que utiliza y de poner a su disposición productos debidamente envasados y etiquetados, sobre todo cuando se trata de sustancias que pueden entrañar riesgo para la salud. También advierte de la obligación que tiene la institución en cuanto a la exigencia de proporcionar a los operarios el equipamiento apropiado para llevar a cabo sus tareas.
Además, con este requerimiento, la inspección insta a los responsables municipales a que tomen las medidas oportunas y pertinentes para solucionar esta situación, bajo el apercibimiento de que, si no lo hace, se le impondrán las sanciones que correspondan.
Desde la Unión Sindical Obrera ya denunciamos públicamente estos hechos a través de los medios hace más de un año, con la esperanza de que el equipo de gobierno que preside Jorge Romero solucionara satisfactoriamente el problema, pero, como no ha sido así, no nos ha quedado más remedio que ponerlos en conocimiento de la autoridad competente para que tomara cartas en el asunto.