La Unión Sindical Obrera (USO) denuncia que según la normativa, los consorcios públicos de bomberos de las diputaciones de Málaga y Huelva tienen la obligación de suministrar y publicar información de relevancia que garantice la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de su actuación: una información que debe de ser publicitada en los portales de transparencia de ambos consorcios.
A esta falta de transparencia se le suma, además, el rechazo sistemático a las solicitudes de información pública que, en ambos consorcios, han sido interesadas por delegados sindicales de USO, solicitudes que, hoy por hoy, no han obtenido respuesta alguna.
La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO Andalucía “alerta de la importancia de la transparencia como valor inherente a la democracia”, siendo una pieza fundamental para el establecimiento de una sociedad democrática real, avanzada y efectiva.
Además, la FAC-USO Andalucía incide que el acceso a los documentos públicos es un requisito extremadamente importante dentro de una sociedad democrática y pluralista por cuanto que el ejercicio de la debida transparencia pública es y derecho innegable a la ciudadanía, un derecho primordial que, hoy por hoy, se ve ninguneado por los consorcios de bomberos de las diputaciones provinciales de Málaga y Huelva.
Las Secciones Sindicales de USO en ambos consorcios han solicitado de manera infructuosa información relacionada con aspectos institucionales y organizativos, actuación pública, normativa, de gestión, información económica y presupuestaria, entre otros temas: una circunstancia que se agrava por la misma actitud del resto de organismos de representación de los trabajadores a los cuales también se les ha solicitado información diversa y a la que se nos ha dado por respuesta con la misma forma de actuar de la administración que los gobierna.
Desde USO, se traslada que la Ley de Transparencia dispone que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente puede ser sancionable disciplinariamente, e incluso imputable a las autoridades, directivos y al personal al servicio de las entidades que incumplen.
Atendiendo a su gravedad, el cuerpo legal incluye sanciones que van desde la amonestación hasta multas comprendidas desde los 200 a los 400.000 euros (que tendrían que pagarse con fondos públicos), todo ello incluyendo el cese del cargo correspondiente.
Por todo ello, la USO hace un llamamiento a las autoridades correspondientes de ambas diputaciones a fin de que pongan orden y exijan el cumplimiento de la Ley; así como al resto de partidos políticos, para que realicen un trabajo más efectivo en la vigilancia del buen gobierno.
