El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha anulado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada por la Diputación de Cuenca en 2022 por incumplir trámites esenciales del procedimiento. Desde FAC-USO valoramos esta sentencia como un importante respaldo judicial a la defensa de la legalidad, la negociación y los derechos de los trabajadores frente a decisiones unilaterales adoptadas sin las garantías exigidas.
El TSJCM confirma: la Diputación vulneró el procedimiento
La Sala de lo Contencioso-Administrativo declara nulo el acuerdo plenario por la ausencia de informes preceptivos, entre ellos el informe de Secretaría exigido por el Real Decreto 128/2018, que regula las funciones de los funcionarios con habilitación nacional. El Alto Tribunal también señala la falta del informe de Intervención, imprescindible cuando existen repercusiones presupuestarias.
Estas omisiones —que no pueden ser suplidas por otros documentos técnicos— invalidan todo el proceso y confirman la necesidad de una gestión pública rigurosa, transparente y respetuosa con la normativa.
Una victoria que refuerza la posición de la plantilla
El fallo da la razón a un trabajador delegado de USO que actuó en defensa del interés colectivo y confirma que las modificaciones de estructura y provisión de puestos no pueden imponerse sin diálogo, sin negociación y sin los informes obligatorios. FAC-USO subraya que esta sentencia frena prácticas que generan inseguridad jurídica y desigualdades dentro de la institución provincial.
Para FAC-USO, la sentencia ratifica lo que venimos denunciando desde hace tiempo: ninguna administración puede reorganizar su estructura “a cualquier precio” ni sin la fiscalización y participación debida de los trabajadores.
FAC-USO pide abrir un proceso de negociación real
Pese al respaldo judicial, USO ha manifestado públicamente que no busca prolongar el conflicto y mantiene su voluntad de diálogo con la Diputación, siempre que exista transparencia, buena fe y un compromiso firme con la legalidad.
FAC-USO considera imprescindible:
- Abrir una negociación formal que garantice la participación sindical.
- Reorientar la RPT hacia criterios objetivos, transparentes y ajustados a normativa.
- Evitar improvisaciones que puedan generar nuevos litigios o inseguridad jurídica.
- Asegurar la correcta emisión de los informes de Secretaría e Intervención, sin sustituciones ni atajos.
En defensa del empleo público y la legalidad
FAC-USO seguirá vigilante para que la Diputación respete en todo momento la normativa vigente y garantice condiciones de trabajo justas, transparentes y negociadas. La sentencia del TSJCM marca un precedente claro: las modificaciones de la RPT deben regirse por el rigor administrativo y por la participación de los trabajadores, no por decisiones unilaterales sin respaldo legal.
