La concejal de Personal bloquea desde hace dos años el funcionamiento del comité de seguridad y salud, de donde quiere expulsar a la representación de los funcionarios municipales.
El sindicato considera obsesiva la animadversión que demuestra el equipo de gobierno contra el colectivo de funcionarios, demostrado últimamente en el desprecio a su propia Policia Local, su reticencia a tratar la problemática del colectivo con la representación del personal y en el incumplimiento generalizado el Acuerdo Convenio colectivo.
USO ha recordado a Teresa Valdenebro que el comité de seguridad y salud del Ayuntamiento de Soria lleva años compuesto, de manera pacífica, por la acumulación de los delegados designados por cada uno de los órganos de representación de sus empleados públicos, junta de personal por el personal funcionario y comité de empresa por el personal laboral, en cumplimiento del Acuerdo Convenio de personal, rubricado entre otros por el Partido Socialista Obrero Español.
El acuerdo del personal funcionario, al igual que el convenio colectivo, establecen en su capítulo VII.1 que “el funcionario tiene derecho a una protección eficaz de su integridad física y a una adecuada política de seguridad en el trabajo…() Tiene asimismo el derecho de participar en la formación de la política de prevención en su centro de trabajo y en el control de las medidas adoptadas en desarrollo de las mismas, a través de los representantes legales y del comité de seguridad y salud, organo específico de participación en esta materia”.
El artículo VII.2 del acuerdo del personal funcionario establece la creación de un único comité paritario, denominado comité de seguridad y salud del Ayuntamiento de Soria…() estableciendo que estos delegados serán elegidos por los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación correspondientes (junta de personal y comité de empresa)…() teniendo además los mismos derechos y garantías que los demás representantes elegidos…()
Pese a que unas recientes actuaciones de la Oficina de la Inspección de Trabajo, no manifiestan que no sea posible la continuidad de la tradicional composición del comité de seguridad y salud, pasando por alto la vigencia de lo pactado en el Acuerdo Convenio y objetando la fuerza legal de la exigencia, Valdenebro se muestra refractaria a permitir que sus funcionarios participen de las políticas de prevención de riesgos y salud laboral en el Ayuntamiento de Soria.
Por todo ello USO ha solicitado de la concejal delegada que aclare de su pretensión de erradicar del comité de seguridad y salud a los delegados designados por la Junta de Personal, así como su voluntad política para cumplir lo pactado. El sindicato ha solicitado además la inclusión en el orden del día de la próxima mesa de negociación de un punto específico al objeto de dar cuenta de las denuncias del Acuerdo Convenio colectivo y pactar un modelo y calendario de negociación que permita la renovación del vigente marco laboral expirado en 2015.
USO ha manifestado sus reticencias al actual modelo de negociación, donde los concejales de todos los grupos son los principales beneficiarios del proceso, en cuanto perciben indemnización por cada una de las asistencias a las mesas, homologadas al resto de comisiones municipales, mientras la parte social sacrifica su tiempo y perjudica durante largos periodos la conciliación de su vida familiar y laboral a cambio de continuas negativas a sus pretensiones de mejoras de las condiciones de trabajo de los empleados municipales.
En este sentido USO advirtió que la dilación premeditada del proceso de negociación, que supone en torno a 1500 euros por convocatoria, podría suponer una dilapidación de caudales públicos, que el sindicato no dudará en llevar a la Fiscalía.
Para la USO que de resultas de cada convocatoria ganen los bolsillos de los mismos, genera un evidente desequilibrio que se puso de manifiesto en el anterior proceso negociador, donde los sindicatos tras decenas de reuniones pidieron la hora y firmaron una capitulación en toda regla, como ha demostrado el continuo incumplimiento de las condiciones pactadas en diciembre de 2014, que ha venido a dar la razón a USO.
