El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia crucial que anula parcialmente el Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo, afectando a los concursos de interinos en la Administración General del Estado.
Esta decisión subraya la importancia de la reserva de plazas para personas con discapacidad y plantea nuevas exigencias para la administración pública en España.
Desde FAC-USO destacamos la relevancia de esta sentencia y cómo influye en la protección de los derechos laborales.
Sentencia del Tribunal Supremo y sus Implicaciones
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido anular la parte del Real Decreto 408/2022 que no cumplía con la normativa de reserva de plazas para personas con discapacidad en los concursos de selección.
La sentencia 1273/2024, emitida el 16 de julio, establece que el Real Decreto deberá ser modificado para garantizar esta reserva, alineándose con el artículo 59 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).
¿Qué Implica Esta Decisión?
El fallo del Tribunal Supremo obliga a la Administración General del Estado a revisar la oferta de empleo público para asegurar que se cumplan las disposiciones legales en cuanto a la reserva de plazas para personas con discapacidad.
La sentencia también destaca la falta de transparencia en los procesos de selección, exigiendo una mejor identificación y referencia de las plazas convocadas para garantizar los derechos de los aspirantes.
Impacto en la Ley 20/2021 y la Normativa Europea
La sentencia también refuerza la necesidad de adaptar la legislación española a la Directiva 1999/70/CE de la Unión Europea, que protege a los trabajadores temporales contra el abuso de la temporalidad.
La Ley 20/2021, que regula los procesos de estabilización de empleo temporal, ha sido criticada por no cumplir con esta Directiva, una situación ya señalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia del 13 de junio de 2024.
Desde USO, consideramos que esta sentencia del Tribunal Supremo es un paso importante para corregir las deficiencias en la normativa de empleo público en España.
No obstante, subrayamos que se necesitan medidas más amplias para erradicar el abuso de la temporalidad y garantizar la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral.
