El sindicato exige que las nuevas funciones administrativas vayan acompañadas de más personal, recursos suficientes y una evaluación previa de las cargas de trabajo
La Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera (FAC-USO) muestra su preocupación por las consecuencias que la aplicación del Real Decreto 592/2026, de 15 de julio, por el que se regula el régimen jurídico de las entidades del Tercer Sector de Acción Social colaboradoras con la Administración General del Estado, puede tener sobre las plantillas de la Administración General del Estado.
En concreto, la nueva norma regula el reconocimiento, seguimiento y supervisión de las entidades del tercer sector de acción social que colaboren con la AGE.
Su puesta en marcha implica nuevos procedimientos administrativos, un inventario de entidades colaboradoras, planes periódicos de evaluación y control, una comisión interministerial y mecanismos específicos de coordinación para situaciones excepcionales de necesidad social.
El problema, denuncia FAC-USO, es que el Gobierno pretende asumir todas estas nuevas funciones con los medios personales y financieros ya existentes.
Para el sindicato resulta inaceptable seguir aprobando nuevas estructuras, obligaciones de control y responsabilidades administrativas sin analizar antes su repercusión sobre unas plantillas que, en muchos ámbitos de la AGE, ya arrastran una grave falta de personal y cargas de trabajo difícilmente asumibles.
FAC-USO reconoce y valora la importante labor social que desarrollan las organizaciones del tercer sector, pero insiste en que su participación debe ser complementaria y nunca puede servir para sustituir funciones públicas, encubrir carencias estructurales de personal o justificar una externalización progresiva.
Por ello, el sindicato reclama al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que evalúen las cargas de trabajo derivadas del Real Decreto, identifiquen las unidades afectadas y negocien con las organizaciones sindicales los refuerzos de plantilla necesarios.
Asimismo, exige que cualquier colaboración con entidades externas garantice el mantenimiento de la responsabilidad pública, una supervisión adecuada por parte del personal funcionario y el pleno respeto a los principios de transparencia, objetividad y defensa de los servicios públicos.
FAC-USO permanecerá vigilante ante la aplicación de esta norma y denunciará cualquier intento de aumentar las responsabilidades de las plantillas de la AGE sin dotarlas de los medios humanos, técnicos y presupuestarios necesarios.
