El secretario general de FAC-USO, Luis Deleito, ha registrado en Moncloa y en el Congreso una petición de reunión con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Luis Planas, además de los grupos parlamentarios, para plantearles los cambios más urgentes en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep) y las soluciones propuestas por USO, “que hemos dividido en dos bloques, las relativas al personal funcionario y estatutario, y las que conciernen a interinos y laborales”.
En cuanto a los funcionarios, lo más inmediato “es adaptar los sueldos base de todas las categorías al SMI. Desde el Gobierno se aprobó la subida a bombo y platillo, se pide que todas las empresas cumplan con esa subida, y la propia Administración aún recoge salarios por debajo de los 900 euros en los grupos o subgrupos F, C2, C1 y B. Al final, la nómina está en general por encima del SMI, como ocurre con las empresas que les suman complementos, pero el salario no lo está, y eso no solo incumple la ley, sino que deja a algunos grupos efectivamente por debajo, como los funcionarios en prácticas, que no añaden ningún complemento, o quienes, a la vuelta de excedencia, esperan destino”, denuncia Luis Deleito.
Los grupos es precisamente uno de los cambios que se piden desde FAC-USO: “al igual que los complementos de destino, hay demasiados, tanto subgrupos que no diferencian sus funciones entre sí como complementos, de entre los 30, que nadie percibe, como son los del 1 a 11. Hay algunos que solo se diferencian en 1 euro, no tienen razón de ser”.
Interinos y laborales en fraude de ley
La falta de mejoras en la normativa o incluso el desarrollo de la aprobada han generado una “administración lenta e ineficaz, para el ciudadano y para el funcionario. No hay movilidad real ni adaptación a las funciones que hoy marca la tecnología, ni mucho menos plantillas adecuadas. Los continuos parches han creado unas tasas de temporalidad inasumibles, que no van a paliarse ni con la mayor oferta pública de empleo en años”, explica el secretario general de FAC-USO. Para regular esto, “antes de planificar el crecimiento de la Administración es necesaria la estabilización de lo que hay, aligerar la temporalidad. Porque, además, ya no cuestión de querer o no querer acometer esa reestructuración, es un mandato legal, de Europa y del Supremo”, continúa.
En este sentido, recuerda que “en USO ya hemos conseguido una sentencia firme del Alto Tribunal que reconoce la ilegalidad de la interinidad infinita de una funcionaria de Justicia de Andalucía, y en ese sentido se van a pronunciar a partir de ahora el Supremo y las instancias inferiores. Por eso, además de solucionar la temporalidad vigente con concursos de méritos como los que hemos propuesto en Andalucía y Baleares –donde el Parlamento nos ha rechazado la Iniciativa Legislativa Popular y seguirá incurriendo en fraude de ley-, pedimos que quede reflejado de una manera más restringida que el nombramiento de interinos debe realizarse por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia”. En total, se estima que en España hay unos 400.000 empleados públicos en situación de interino en fraude de ley o laboral indefinido no fijo, y desde USO se pide que se aplique la doctrina europea y no el anticuado Trebep.
