FAC-USO Galicia: Rueda de prensa contra la privatización de servicios públicos de la AGE

FAC-USO Galicia participó el pasado 17 de diciembre en la rueda de prensa convocada por la Junta de Personal de la AGE en A Coruña, en protesta por la privatización de servicios públicos.

Lourdes Pedrazuela, Secretaria Estatal de Formación de FAC-USO, disertó sobre las privatizaciones que se están llevando a cabo, en especial, en el ámbito de la Seguridad Social, en especial, en la Gerencia de Informática, la Tesorería, el INSS y el FOGASA.

En la rueda de prensa, los representantes de la Junta de Personal de la AGE en A Coruña denunciaron el reparto que se está haciendo de la gestión de la AGE, hasta ahora hecho por empleados públicos, entre empresas privadas. Parece que la no asignación de contratos de obras públicas a raíz de la crisis, fomenta más este tipo de adjudicaciones.

Cada vez que el ciudadano descuelga el teléfono para comunicarse con cualquier organismo de la Administración General del Estado, lo que no sabe es que no esta hablando con un empleado público, si no que lo está haciendo con un trabajador de una contrata, que tiene seguramente unas condiciones precarias   y falta de conocimientos suficientes para dar una una información, esto es lo que está pasando entre otros en los siguientes departamentos:

• -Servicio telefónico de cita previa en la Agencia Estatal de la Administración. Tributaria: 2.086.000 euros.
• Servicio de atención telefónica del Catastro: 2.181.818 euros
• Servicio de Gestión y atención al usuario del Instituto Nacional de Servicios Sociales: 648.075 euros.
• Servicio de atención telefónica para informar sobre materias de la Dirección General de Tráfico:6.000.000 euros.
• Servicio de gestión y atención telefónica da Tesorería de la Seguridad Social: 10.386.576 euros .
• Servicio de atención usuarios, mantenimiento de hardware y Gestión del puesto de trabajo en el ámbito de la Administración de Justicia: 4.713.017

Ademas, se estan firmando contratos por trabajos que hasta la fecha eran asumidos por trabajadores públicos y ahora los dejaron sin esas competencias para darselas a empresas privadas a través de contratos millonarios:

• Actualización de bases de datos catastrales.
  • Servicio para impresión manipulado e envío de comunicación del Servicio Publico de Empleo, Dirección General de Tráfico y Seguridad Social
  • Encuesta de Población Activa que hasta ahora lo hacia el Instituto Nacional de Estatística.
  • Sistema de gestión de espera y direccionamento de ciudadanos .
  • Servicios de confección edición y distribución para la realización de notificaciones.
  • Emisión manipulado y depósito diario en el operador postal de emisiones centralizadas de notificación con acuse de recibo.
  • Trabajos catastrales sobre bienes inmuebles.
  • Trabajos de auditorías, que tenía que hacer la Intervención General del Estado.
  • -Privatización de la vigilancia exterior y control de cámaras exteriores de Instituciones Penitenciarias.

Y un largo etcétera de funciones que cada día se le estan quitando a los empleados públicos y repartiendose entre empresas privadas, cambiando empleo estable por empleo precario.

Especial mención merece este afán privatizador al acuerdo marco con las agencias de colocación para la insercción en el mercado laboral de personas desempleadas, que les va a suponer una inyección de dinero a las empresas de trabajo temporal de 250 millones de euros que es lo que figura en el acuerdo. Y si a esto le añadimos que las empresas adjudicatarias de estos servicios ADECCO, EULEN… , son las mismas empresas que a través de filiales prestan los servicios anteriormente mencionados, atención telefónica y limpeza respectivamente. Por lo tanto podrían estar recibiendo dinero público por dos vías.

1. 1.Cobrando por prestar servicios propios de la Administración.
2. 2.Y cobrando por insertar esos parados en sus propias filiales.

A este respecto, el propio Tribunal de Cuentas, en el informe de fiscalización de contratos efectuado a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social publicado en enero del 2015, señala:

• Falta de transparencia y objectividad en los contratos adjudicados, en el período 2011-2012.
• Falta de precisión de los informes justificativos sobre la necesidad de contratar estos servicios.
• Ausencia de una memoria de carácter económico que justifique los precios presupuestados en las adjudicaciones.
• Dependencia tecnológica excesiva, ya que en muchas ocasiones tienen que recurrir a procedimientos negociados ya que solamente tienen un único proveedor, y por lo tanto el precio de adjudicación del contrato va a ser mucho mayor al no haber competencia. (consecuencia de esto es el hecho de que en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, en estos momentos tengan muchos mas trabajadores de empresas privadas que empleados de la propia Gerencia).,
• Deficiencias relacionadas con los principios de objetividad, economía y eficiencia.

A las mismas conclusiones llega el último informe nº 1066 publicado en enero del 2015 sobre a fiscalización en el sector público hecha en el ejercicio 2012.

• Falta de justificación de la insuficiencia de medios personales y materiales , ya que solamente se limitan a señalar que las entidades contratantes no disponían de medios suficientes para cubrir las necesidades que se pretendian satisfacer por medio del contrato a celebrar.
• Falta de estudios objectivos comparando el coste económico que conlleva realizar la prestación objeto del contrato por el propio personal de la Entidad fiscalizada, en relación con los costes asumidos por el recurso de la contratación externa.

Todo esto hace que nos hagamos las siguientes preguntas:

• ¿Sí no hacen estudios objetivos, como saben que son necesarias las contrataciones de medios externos?
• ¿Como llegan a la conclusión de que contratar estos medios externos sale más económico que contratar empleados públicos?
• Definitivamente, es una cuestión ideológica y no de economía de medios; a través de las privatizaciones se está trasladando a las empresas personales beneficios económicos que de otro modo supondría un ahorro para los contribuyentes y en todo caso generaría una mayor creación de empleo público estable con derechos laborales y remuneraciones decentes en vez de empleo precario con bajas remuneraciones y sin derechos laborales

Al mismo tiempo que se fue avanzando en las privatizaciones, el número de efectivos de los departamentos y organismos de la Administración General del Estado en la provincia de A Coruña fue disminuyendo semestre a semestre; pasando de los 5336 efectivos existentes en el mes de julio del 2011 a los 4610 de Julio del 2015. El que supuso una pérdida de 726 efectivos, que representan un 13,6% del total de la plantilla.