En un interesante artículo, Jesús Artal, miembro de la Junta de Personal de la Administración del Estado en Zaragoza y Secretario General del Sector AGE de FAC-USO Aragón, diserta sobre las agresiones a los empleados y empleadas públicos.
La oportunidad perdida es la que cuenta. La crisis prolongada que padecemos y el ambiente de hostilidad hacia los funcionarios, fomentado por ciertos sectores políticos y mediáticos con afán privatizador de algunos de los servicios públicos por inconfesables intereses económicos, han llevado a vilipendiar y denostar a los empleados públicos, creando crispación en algunos ciudadanos que lamentablemente, en algunos casos, les ha abocado a agredir a los funcionarios que atienden los Servicios Públicos que precisamente les protegen ante la crisis.
Ante todo ello y para dar respuesta a este problema, el 30 de julio de 2015, fue aprobado en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado el «Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado», en el que se contemplan diversas actuaciones de prevención, análisis de riesgos de cada puesto o actividad, medias de seguridad, cambio de sistemas de trabajo para minimizar el riesgo y apoyo a los funcionarios agredidos de tipo sanitario, psicológico o de asesoramiento jurídico.
Incompresiblemente, quedó excluido de este protocolo el personal que presta sus servicios en Instituciones Penitenciarias, que pese a representar solo el 11,21% de los funcionarios de la Administración del Estado sufren el 65% de las agresiones y el 80% agresiones de las catalogadas como graves y muy graves. Son, desde el año 2.005 al 31 de marzo del 2016, 2.118 las agresiones registradas en las cárceles españolas de internos a los trabajadores encargados de su atención y custodia.
En este protocolo se señalaba que en un estudio posterior se incluirían a los funcionarios de prisiones con una regulación especí- fica, finalmente no se ha producido dicha inclusión, publicándose en el BOE del 10 de diciembre de 2015 el Protocolo definitivo sin hacer mención específica a dichos funcionarios.
Los responsables de este protocolo que excluye a estos trabajadores, la Administración y los sindicatos que lo firmaron, deberían de explicar a estos servidores públicos y a la sociedad el porqué de este sin sentido.
La violencia contra estos trabajadores es estructural y es lamentable que entre sus gestores pueda haber quien piense que estos funcionarios por estar trabajando en este sector deban soportar como algo natural ser agredidos. No se puede estar mirando hacia otro lado ante esta enorme cantidad de agresiones, es inadmisible pensar que ello va en el sueldo. Además de inmoral, transgrede la legislación española, pues todos los trabajadores tienen dere-cho a estar protegidos en el ejercicio de su actividad, tal y como recoge la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la legislación europea como el «Acuerdo Marco Europeo sobre Acoso y Violencia en el Trabajo de 2007» o las «Directrices Multisectoriales para solucionar la violencia y el acoso de terceros relacionados con el trabajo».
Las últimas actuaciones encaminadas a la inclusión de los funcionarios de prisiones en este Protocolo que se han tomado es una proposición no de ley aprobada en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados y la denuncia sindical ante el Comité de Dialogo Social Europeo. No es compatible una Administración que quiera ser moderna, europea y democrática con dejar a algunos de sus trabajadores a merced de la violencia, privándoles del derecho a su integridad psíquica y física.
