Según publicaba el pasado 10 de octubre el Diario Expansión en un interesante artículo, el desarrollo del trabajo a distancia entre los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) oscila del 3% que lo practican en el Ministerio de Defensa al 73% en el de Ciencia e Innovación, situación ante la que los sindicatos, entre ellos FAC-USO, denunciamos «desigualdad» y «falta de criterio homogéneo»
La aplicación del teletrabajo en la AGE, establecida con preferencia para colectivos vulnerables (con patologías o personas a cargo), afecta a uno de cada cuatro empleados públicos, un total de 44.292 personas de las 178.617 que trabajan para la administración central, sin incluir personal de las Fuerzas Armadas ni de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Según los últimos datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, referentes a septiembre, hay diferencias muy evidentes en la implantación del teletrabajo por Ministerios.
Así, el departamento que dirige Pedro Duque es el que más empleados tiene a distancia y con mayor peso sobre el total, ya que cuenta con 11.641 trabajadores ejerciendo su labor a distancia, un 73 % de los casi 16.000 empleados del Ministerio.
La misma tasa la alcanza también el Ministerio de Universidades, aunque con un menor número, ya que 269 teletrabajan, de un total de 367.
Por el contrario, el Ministerio de Defensa cuenta con 497 empleados teletrabajando sobre un total de 16.398 (3 %), de forma que es el departamento con menor implantación del trabajo a distancia, seguido del Ministerio del Interior, donde un 3,2 % de los 32.679 empleados trabaja de forma no presencial (1.054 personas).
Del total de teletrabajadores que tiene la administración central, la mitad lo son por estar en un grupo vulnerable al COVID (10.069), por menores de 14 años a cargo (8.812) o mayores o dependientes (1.221), mientras que 24.190 lo practican porque es una mejor opción por su función o por el departamento en el que se encuentra.
Aunque ya existía en la administración, la implantación más generalizada del teletrabajo se vio acelerada en marzo ante la crisis sanitaria que lo configuró como preferente, aunque con carácter temporal.
Al llegar la nueva normalidad, la Secretaría de Estado de Función Pública aprobó en junio pasado una resolución que decía que los empleados públicos debían comenzar a incorporarse de manera presencial de forma «gradual y asimétrica», realizando un máximo de 1 día a la semana a distancia.
También establecía que el teletrabajo debía ser la opción prioritaria para colectivos vulnerables por patologías sanitarias o por tener menores de 14 años, mayores, dependientes o discapacitados a su cargo, que podrían teletrabajar hasta 4 días a la semana.
Esta resolución está vigente por el momento a la espera de que la nueva ley del teletrabajo de las Administraciones Públicas sea desarrollada y aplicada en cada organismo, comunidad autónoma o ayuntamiento, para lo que cuentan con un plazo de seis meses.
La nueva ley, que afecta tanto a funcionarios como personal laboral, establece los mismos deberes y derechos para los teletrabajadores que para el resto de empleados públicos, debiendo la administración proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios para la actividad.
En la última reunión de la Comisión de Seguimiento, se ha quedado en impulsar la jornada a turnos y continuada en la modalidad presencial en aquellas zonas con restricciones, en tanto que en las que se declare el Estado de alarma o haya un retroceso a las fases de desescalada sólo habrá presencialidad en servicios esenciales y críticos.
Como ya informamos en esta misma Web, FAC-USO lamenta no haber podido participar activamente en la regulación del teletrabajo para funcionarios y personal de las Administraciones, fomentando el pluralismo sindical y un mayor grado de participación de los agentes sociales, al oírse intereses y posiciones distintas y favoreciéndose un consenso más amplio.
Así, FAC-USO defiende que debería haberse buscado una fórmula de participación más abierta, más proporcional, más equitativa y, en consecuencia, menos restrictiva, discriminatoria y que no atentara contra la libertad sindical.
