FAC-USO critica la aprobación, en plena campaña electoral, y sin el consenso de todos los interlocutores sociales, la publicación por el Consejo de Ministros, el pasado 11 de julio, de la «mayor» oferta ordinaria de empleo público (OEP) de la historia, compuesta por un total de 39.574 plazas.
La OEP ha sido publicada en el BOE de 12 de julio.
Según los firmantes en la Mesa General, UGT y CSI.F, junto a la Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, «la cifra récord se establece por la necesidad objetiva de fortalecer unas plantillas que se debilitaron por años de recortes y por tasas de reposición cero», un 15,8% más respecto a las 34.151 de 2022, de las que 27.246 corresponden al turno libre.
Desde FAC-USO recordamos que el año pasado se aprobaron un total de 44.787 plazas, de las que 34.151 plazas correspondían a la oferta ordinaria y otras 10.636 a la oferta de estabilización de personal interino.
Además, no nos creemos que lleguen a cumplir los plazos, incluidos en el Acuerdo, de que las convocatorias estén publicadas antes del 31 de diciembre de 2023, y en todo caso, nos preocupan los verdaderos plazos de adjudicación y toma de posesión de dichos destinos, ya que en la actualidad, como hemos venido criticando desde FAC-USO, los aspirantes aprobados en las últimas convocatorias de ingreso están tardando mucho más de los dos años fijados para la culminación de los procesos selectivos, en ocupar sus destinos.
Como se desprende de la propia Nota de Prensa emitida por el Ministerio, del total de plazas de 2023, unas 29.818 plazas corresponden a la Administración General del Estado y de ellas, 19.900 son de nuevo ingreso. Para la Administración de Justicia se destinarán 1.907 plazas, de las que 1.215 nuevo ingreso.
Se incluyen también 1.025 plazas que corresponden a la Seguridad Social, y 500 plazas en la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional de la Administración Local, así como otras 2.500 plazas más para entidades gestoras de la Seguridad Social.
Para Luis Deleito, Secretario General de la Federación de Atención a la Ciudadanía de la USO, «esta electoralista convocatoria no cubre en su totalidad las vacantes existentes, ni siquiera tiene en cuenta la cobertura de las plazas que quedarán desocupadas tras la jubilación de los empleados públicos en los próximos cinco años» ya que según los datos que ofrecen los últimos Boletines Estadísticos del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, del total de 88.541 efectivos de la AGE en enero de 2022, 54.938 personas superaban los 50 años de edad, lo que supone más de un 62% del personal en edades cercanas a la jubilación en los próximos años.
Además, no se facilita el número de bajas efectivas del ejercicio 2022, lo que hace imposible saber si se están aplicando las tasas de reposición necesarias, ni se prevé la acumulación de las posibles vacantes que se produzcan en la promoción interna a las plazas ofertadas en el turno libre.
Por otro lado, no se definen las plazas destinadas a sectores prioritarios y deficitarios en la actualidad, como el SEPE, las Entidades Gestoras de Seguridad Social y las Oficinas de DNI y Pasaportes, que en la actualidad están prestando un servicio deficiente y poco ágil al conjunto de la ciudadanía por la escasez de personal.
Tampoco se prevé, en el Acuerdo firmado, la tan «cacareada» simplificación de los procesos selectivos y las reducciones de temarios acordadas en el nuevo modelo de promoción interna en la Administración General del Estado (AGE) firmado el pasado mes de noviembre entre el Gobierno y las organizaciones sindicales.
