El Centro Penitenciario de Valencia y el Centro de Inserción Social (CIS) Torre Espioca de Picassent tienen cada vez menos funcionarios para atender el mismo número de internos y estos están más envejecidos, con una edad media de 48 años.
Estas son algunas de las conclusiones del primer estudio de estas características que se realiza en los centros penitenciarios y de inserción social de la provincia de Valencia, realizado por Acaip-USO.
Según el informe, en los últimos seis años se ha reducido el número de trabajadores de ambos centros en más del 7 por ciento, especialmente por la falta de nuevas incorporaciones de funcionarios de prisiones, al haber estado congeladas las Ofertas de Empleo Público, mientras que el número de internos se ha mantenido casi invariable en ese periodo.
Así, mientras en diciembre de 2011 había 1.024 funcionarios en los dos centros (932 en el penitenciario y 92 en el CIS), en junio del 2017 el número de trabajadores era de 950 (865 en la prisión y 85 en el centro de inserción).
Además, la media de edad en estos dos centros, de 48 años, es superior a la del conjunto de centros penitenciarios españoles, que se sitúa en 46,66 años.
Del total de 947 funcionarios que hay en los dos centros (862 en el Centro Penitenciario y 85 en el CIS), 375 tienen entre 51 y 60 años y 20 más de 60, mientras que menores de 40 años hay 134 funcionarios y 421 entre 41 y 50 años.
Acaip-USO asegura que mientras no hay una renovación en las plantillas de trabajadores, los internos si que se renuevan, y continúan entrando en prisión internos de menor edad que los trabajadores que se deben encargar de ellos.
Las perspectivas a medio plazo son desoladoras. Si no se convocan Ofertas de Empleo Público importantes, en pocos años estos centros, al igual que la mayoría del sistema penitenciario español, tendrán serios problemas para poder seguir funcionando, por lo que estamos ante un riesgo de colapso importante.
El informe critica que la Administración reconoce sin rubor que hay menos trabajadores pero no hace nada para corregirlo, y añade que esta falta de personal no es solo un dato numérico.
También considera que el hecho de que no haya un número suficiente de trabajadores impide cumplir los mandatos constitucionales de reinserción y reeducación de los internos y además impide garantizar la seguridad en los centros, y la prestación de una adecuada atención sanitaria.
Acaip-USO cifra en 3.500 las incorporaciones necesarias a nivel nacional en los próximos 4 años para asegurar el funcionamiento de la Institución penitenciaria española.
Para elaborar este estudio se han utilizado datos oficiales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, obtenidos mediante respuestas a preguntas realizas al amparo de la Ley de Transparencia, o mediante respuestas a preguntas parlamentarias.
Según el sindicato, mientras que los efectivos reales a 1 de junio eran de 950 en ambos centros, las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), que recoge el número mínimo de funcionarios que debería haber para garantizar una prestación adecuada del servicio, señala que deberían ser 1.060, por lo que hay 90 vacantes.
Además, solo se ha podido realizar el estudio respecto al personal funcionario, y no respecto al personal laboral, ya que la Administración penitenciaria no ha facilitado los mismos datos y el mismo desglose en ambos casos.
